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Martes, 10 Septiembre 2013

Independencia judicial y crimen organizado

Por

Las personas suelen entender el principio de independencia judicial según su propia experiencia: una parte de la sociedad lo ve como la lucha de los jueces por evitar controles y hacer lo que les venga en gana. Otra, quizás en su papel procesal de ofendida o demandada, acepta que la justicia sea independiente siempre que le dé la razón.

Es curioso imaginar que cierto día una tienda departamental haga a un lado su política sobre deudores y exija el pago de cobros pendientes a todas las personas que acuden a su establecimiento. Así, quienes no deben nada o están al corriente en sus pagos pagarán las deudas atrasadas de otros, a plazos y en condiciones no pactadas. Y, al final, estará imponiéndoseles de manera ilegal y arbitraria un pago injusto y anticipado.

A lo largo del sexenio pasado el discurso político se centró en el tema de la seguridad. El sistema penitenciario no escapó a esa tendencia y el gobierno señaló la intención de construir más prisiones con inversión pública y privada. Recientemente, la Comisión Nacional de Seguridad anunció la construcción de 10 centros penitenciarios federales que aumentarán la capacidad a 75 mil espacios ―actualmente hay casi 50 mil personas privadas de libertad en el fuero federal.

Cuando supe por los medios noticiosos que Rafael Caro Quintero fue liberado tras serle concedido un amparo definitivo [octubre 9, 2013], no me sorprendió que, de cualquier modo, el sistema de justicia penal fallara de nuevo, sino la estentórea homogeneidad discursiva de dichos medios para confirmar la sentencia que dictaron hace casi tres décadas, en abril de 1985, serviles a los comunicados, montajes y filtraciones de la Procuraduría General de la República, PGR ―entonces a cargo de Sergio García Ramírez.