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No es fácil ser Fiscal en América Latina. No me refiero a los grises burócratas que de forma cansina y acrítica tramitan ante los jueces lo que la policía pone frente a sus narices: ladronzuelos de poca monta o criminales patéticos. Para ellos ser fiscal es sencillo.

Recientemente la Auditoría Superior de la Federación [ASF] emitió el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, que audita al Programa de Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC). Este programa asigna recursos a las entidades federativas como apoyo a su proceso local de implantación del sistema penal acusatorio.

La base normativa de los derechos que acompañan a las personas indígenas en un proceso penal se encuentra fundamentalmente en los artículos 1º y 2º constitucionales, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas.

El Código Nacional de Procedimientos Penales representaba una estupenda oportunidad para unificar criterios y buenas prácticas logrados en el sistema de justicia acusatorio, pero tal parece que fueron ignorados los 18 códigos procesales penales de tipo acusatorio que hay en el país y los avances en 15 estados que ya poseen dicho sistema.