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No hay en México mecanismos efectivos para reparar el daño a las personas acusadas injustamente de delitos y que permanecieron en «prisión preventiva». Alguien puede pasar uno, tres, cinco, diez o veinte años en prisión y después ser absuelto y ni siquiera se materializa por parte del Estado la frase «usted disculpe».

Con la entrada en vigencia de la reforma procesal penal en Chile ―Ley N° 19.696, publicada en el Diario Oficial del 12 de octubre de 2000― el sistema de medidas cautelares tuvo un cambio radical.

Medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, la academia y otros actores públicos se han referido ya a las violaciones contra los derechos y libertades fundamentales que supone el proyecto de Ley Federal de Telecomunicaciones. No repetiré lo que han expresado inteligentemente en materia de libertad de expresión e Internet, prefiero argumentar por qué dicha iniciativa supone también violaciones al derecho a la privacidad inaceptables en un Estado democrático.

Es bien conocido que Chihuahua fue pionero en la modernización del sistema de justicia penal: fue el primer estado que implementó integralmente el proceso penal acusatorio y adversarial, incluyendo todo su territorio y todos los delitos. Además, ha sido semillero de especialistas que destacan a través del país como catedráticos, conferencistas u operadores en otras entidades.