El sistema de justicia penal mexicano no garantiza necesariamente el esclarecimiento de los casos de violaciones graves a derechos humanos. Diferentes vicios en su diseño y prácticas violatorias en su operación tienen este efecto. La tortura como método de investigación, el desdén por la prueba científica, la politización de la acción punitiva y la mediatización desproporcionada del proceso son, entre otros, problemas que nublan y disminuyen la certeza de la verdad procesal. Así, creer en los resultados de la procuración y administración de justicia, cuando los hay, puede ser un acto de fe.

El 11 de noviembre di una plática a un grupo de la materia Ciudadanía y Democracia en el Tec de Monterrey Ciudad de México,[1] para exponer las condiciones de seguridad y justicia prevalentes en el país, así como el trabajo del Observatorio Nacional Ciudadano.

México se estremeció por el reciente asesinato del juez Vicente Bermúdez, ocurrido en el espacio público, a plena luz del día. Bermúdez fue conocido por adoptar decisiones judiciales en casos contra el crimen organizado, como los relacionados con Joaquín Guzmán Loera y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Desafortunadamente, no es el único caso de un juez asesinado en México, ni este es el único país de la región donde ha ocurrido algo así.

Miguel, quien tiene discapacidad intelectual moderada, fue acusado de robar un par de manzanas en una tienda de autoservicio. Después de ser golpeado por el guardia de seguridad privada y llevado a la agencia del ministerio público, donde permaneció atado de manos y pies, fue sometido a una valoración psiquiátrica que lo halló no apto para declarar ni comprender los supuestos actos cometidos.