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Organizaciones y organismos internacionales reclaman que la tortura es endémica y su prevalencia se ha debido principalmente a las fallas en los sistemas de justicia. Mientras las autoridades sigan aceptando pruebas (principalmente confesiones) obtenidas bajo tortura, esta persistirá. En particular, México no ha logrado escapar a la práctica de la tortura, tal como lo estableció el Relator Especial de la ONU, Juan Méndez.

Contra la creencia generalizada, el hecho de que una persona sea privada de libertad no la despoja de derechos humanos; el Estado tiene la obligación de garantizar, proteger y promover sus derechos fundamentales, como aquellos a la vida, la seguridad y la alimentación.

En días pasados, al comparecer en el Senado de la República, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, fue cuestionado por legisladores y legisladoras, integrantes de organizaciones sociales y víctimas, debido a los pobres resultados de su gestión. Dicha comparecencia preludia un proceso que se desahogará durante los próximos meses: al cumplir su primer periodo de cinco años el Senado lo ratificará o elegirá un nuevo ombudsman.

La captura de Joaquín Guzmán Loera, en febrero, nos dejó sorprendidos, pues fue sin violencia, algo inusual en casos de narcotráfico. Según el discurso oficial, el éxito de la operación obedeció al uso de una «herramienta fundamental» para combatir el crimen: la geolocalización del teléfono inteligente. Pero una mirada crítica nos muestra que estaríamos ante la construcción de un nuevo mito que podría tener efectos nocivos en los derechos a la privacidad y la presunción de inocencia.