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Hace diez años comencé a trabajar en el problema de la falta de atención médica en las prisiones. La pregunta que más a menudo se me ha presentado desde entonces es, ¿por qué preocuparse por la salud de «criminales» si muchos otros ciudadanos tampoco tienen acceso a atención médica?

El uso excesivo de la «prisión preventiva» impacta en la sobrepoblación carcelaria y los costos sociales y económicos del sistema penal, y viola derechos humanos. Lo anterior se relaciona con dos características del sistema escrito-mixto de justicia penal: falta de alternativas a la «prisión preventiva» y listados interminables de delitos donde las personas acusadas de cometerlos no pueden enfrentar sus procesos en libertad.

Comenzaré por el final: Quien crea que un Código Único de Procedimientos Penales, únicamente, es la solución a las dificultades del proceso de reforma de los sistemas de justicia penal en México debería moderar sus expectativas. Quien apueste al orden y la receta de la seguridad jurídica para gobernar un proceso extremadamente dinámico de cambios debería moderar sus impulsos lúdicos.

Establecer las condiciones de un debido proceso para afrontar las arbitrariedades, ineficiencias, ineficacias y corrupción que caracterizaron al procedimiento penal anterior son algunos de los principales propósitos del nuevo sistema de justicia penal en México.