La base normativa de los derechos que acompañan a las personas indígenas en un proceso penal se encuentra fundamentalmente en los artículos 1º y 2º constitucionales, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas.

El Código Nacional de Procedimientos Penales representaba una estupenda oportunidad para unificar criterios y buenas prácticas logrados en el sistema de justicia acusatorio, pero tal parece que fueron ignorados los 18 códigos procesales penales de tipo acusatorio que hay en el país y los avances en 15 estados que ya poseen dicho sistema.

Martes, 11 Febrero 2014

Adictos a la flagrancia

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La detención de personas acusadas de cometer un delito en México habitualmente es resultado de la persecución fortuita, no del trabajo concienzudo de investigación policial. Por ejemplo, en la zona metropolitana de la Ciudad de México —a la que pertenecen el Distrito Federal y parte del Estado de México— 9 de cada 10 detenciones ocurrieron en flagrancia (Azaola y Bergman, 2009).

Hoy en día nos resulta familiar hablar de los «derechos de las víctimas», pero esta es una idea relativamente nueva; la historia del poder punitivo muestra que la víctima estuvo relegada, prácticamente olvidada hasta hace pocas décadas.