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El sistema penitenciario, otro de los olvidados de las reformas a los sistemas de justicia penal en América Latina, sigue enfrentando serios retos, sobre todo en términos de protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, debido a las condiciones de hacinamiento provocadas en gran medida por las políticas criminales punitivistas.

Este principio, que prohíbe el uso —dentro o fuera de una sede judicial— de toda prueba que sea resultado de tortura o cualquier trato o pena cruel, inhumana o degradante, está contemplado en el Artículo 15 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y en México la mayoría de los códigos penales locales o leyes especiales sobre tortura lo prevén; es el caso, por ejemplo, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, en sus artículos 8 y 9.

Un análisis comparado de los procesos de reforma a la justicia penal en América Latina permite advertir que los sistemas de impugnación no han tenido cambios reales, lo cual provoca que en la mayoría de las administraciones de justicia subsista el modelo de recurso escrito vertical propio del proceso inquisitivo, cuya única función es permitir que se ejerza un control jerárquico de las decisiones tomadas por los subalternos.

El cumplimiento de los derechos a la no discriminación y de acceso a la justicia es una deuda histórica del Estado mexicano con la comunidad LGBTTTI (Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti e Intersex).