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Contra la creencia generalizada, el hecho de que una persona sea privada de libertad no la despoja de derechos humanos; el Estado tiene la obligación de garantizar, proteger y promover sus derechos fundamentales, como aquellos a la vida, la seguridad y la alimentación.

En días pasados, al comparecer en el Senado de la República, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, fue cuestionado por legisladores y legisladoras, integrantes de organizaciones sociales y víctimas, debido a los pobres resultados de su gestión. Dicha comparecencia preludia un proceso que se desahogará durante los próximos meses: al cumplir su primer periodo de cinco años el Senado lo ratificará o elegirá un nuevo ombudsman.

La captura de Joaquín Guzmán Loera, en febrero, nos dejó sorprendidos, pues fue sin violencia, algo inusual en casos de narcotráfico. Según el discurso oficial, el éxito de la operación obedeció al uso de una «herramienta fundamental» para combatir el crimen: la geolocalización del teléfono inteligente. Pero una mirada crítica nos muestra que estaríamos ante la construcción de un nuevo mito que podría tener efectos nocivos en los derechos a la privacidad y la presunción de inocencia.

En junio de 2008 el Congreso de la Unión aprobó reformas sustanciales a los artículos constitucionales que norman la impartición de justicia penal, lo cual ha dado paso a la sustitución del sistema penal inquisitivo, hasta ahora vigente, por uno acusatorio y oral. La implementación del nuevo modelo pretende dotar al país de un sistema garantista de los derechos humanos. Sin embargo, al menos en su planteamiento y primeras experiencias, esto no trae un beneficio real para los pueblos indígenas.