Persiste una severa crisis institucional que día con día enfrentamos los operadores del sistema de justicia penal en los estados. La sociedad no encuentra la atención debida a sus problemas relacionados con la justicia, predominando los ciudadanos que perdieron la confianza en las autoridades de los tres niveles de gobierno y particularmente en las vinculadas a la procuración y administración de justicia, desde el nivel operativo más bajo y los agentes de policía.

En Estados Unidos la mayoría de las leyes estatales, además de las federales, establece desde hace décadas que una persona detenida debe ser llevada inmediatamente ante un juez y enfrentar su proceso penal en libertad, bajo las medidas cautelares menos restrictivas necesarias para garantizar razonablemente la seguridad pública y su comparecencia ante el tribunal.

Hasta ahora todo mundo se ha centrado en debatir sobre lo que se decidió con motivo de la contradicción de tesis 293/2011 resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 3 de septiembre de 2013.

La Conferencia Anual de la Asociación Nacional de Agencias de Servicios Previos al Juicio (NAPSA, por sus siglas en inglés) conecta actores claves y operadores del sistema de justicia de todo Estados Unidos, para aprender, cuestionar e informarse acerca de la investigación, las actividades y las iniciativas en el ámbito de la justicia previa al juicio en los niveles federal, estatal y local. Tuve la oportunidad de representar al IJPP en la 42ª Conferencia, celebrada en Denver, Colorado, del 7 al 10 de septiembre [2014].