La política en México ha sido históricamente dominada por los hombres: las mujeres pudimos votar solo a partir de 1953; en 1977 tuvimos a la primera gobernadora ―tendrían que pasar varios años para que hubiera otra―, y fue hasta la reforma electoral de 2013-2014 que se logró al menos formalmente la paridad de género.

En gran parte de los países en desarrollo las normas jurídicas tienden a ser ignoradas. Ciertos estudiosos sugieren que una de las principales causas de una ejecución obligatoria débil de la ley (weak enforcement) es la limitada capacidad del Estado para monitorear y sancionar, y que bajo tales consideraciones ese Estado puede ser caracterizado como débil. Este enfoque asume que los políticos intentan hacer cumplir la ley y fracasan, por lo cual modelos clásicos del derecho y la economía como el de Gary Becker (1968) enfatizan en cómo los presupuestos limitan la ejecución obligatoria de la ley.

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Los días 26 y 27 de abril pasados, en San José [Costa Rica], la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebró la audiencia pública del Caso Alvarado Espinoza y Otros Vs. México, relacionado con la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes por parte de miembros del Ejército mexicano en el Ejido Benito Juárez de Chihuahua, el 29 de diciembre de 2009, y cuyo paradero aún se desconoce.

La interseccionalidad de las categorías mujer y madre acentúan, en la mayoría de los casos, la desigualdad y discriminación que viven las mujeres en México. Desde la distribución sexual inequitativa de las labores domésticas y de cuidado, y la inviabilidad de compatibilizar el trabajo remunerado con el no remunerado, hasta extremos como el no disponer de mecanismos efectivos de acceso a la justicia ante un caso de agresión sexual o el encontrarse en la necesidad de emprender la búsqueda de un ser querido que ha desaparecido, son aspectos que obstaculizan el disfrute de sus derechos y minan la posibilidad de conducir sus vidas con autonomía.