La siguiente semana el Instituto de Justicia Procesal Penal y otras organizaciones participaremos en el 165 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ―Montevideo, octubre 23 al 27, 2017―, poniendo sobre la mesa la situación de la «prisión preventiva» oficiosa en México.

El sismo [septiembre 19, 2017] exacerbó realidades que se viven, de por sí, de manera cotidiana en México. Desde los primeros días se difundió información sobre el tratamiento inadecuado a los cuerpos sin vida rescatados de entre los escombros, evidenciando algo que no es novedad: La falta de aplicación de protocolos para el manejo e identificación de personas fallecidas.

El 19-S sacó a la luz la solidaridad de las y los mexicanos, que se volcaron a las calles; pero también situaciones como la corrupción de las autoridades que afecta de forma grave a grupos históricamente discriminados: Uno de estos eventos trágicos fue el del edificio que se derrumbó en las calles de Bolívar y Chimalpopoca, en la colonia Obrera [CDMX].

A tres años de la desaparición de los 43 normalistas, el trabajo realizado por la Procuraduría General de la República (PGR) en la investigación y judicialización del llamado «Caso Iguala» no ha producido los resultados esperados, lo cual genera gran descontento en la sociedad mexicana, traduciéndose en numerosas movilizaciones.