En semanas pasadas se ha generado una serie de propuestas sobre posibles reformas al sistema de justicia penal. Una de ellas es la de aumentar el listado de delitos por los que procedería la «prisión preventiva» automática (oficiosa). Según sus promotores, esto permitiría evitar que las personas huyan mientras enfrentan un proceso penal.

La arrebatada defensa de la distinción entre delitos graves y no graves para determinar la procedencia de «prisión preventiva» que están haciendo algunos políticos, me causa tanta perplejidad como a Foucault aquel texto de Borges en el que, citando una cierta enciclopedia china, se dice que «los animales se dividen en a] pertenecientes al emperador, b] embalsamados, c] amaestrados, d] lechones, e] sirenas, f] fabulosos, g] perros sueltos, h] incluidos en esta clasificación, i] que se agitan como locos, j] innumerables, k] dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, l] etcétera, m] que acaban de romper el jarrón, n] que de lejos parecen moscas».

En un fallo histórico, a propuesta del ministro José Ramón Cossío la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que es constitucional, bajo el actual sistema acusatorio, la revisión de medidas cautelares ―particularmente la «prisión preventiva»― impuestas durante procesos penales del anterior sistema mixto o tradicional.

Hay una cruzada nacional en instancias de seguridad pública y procuración de justicia, al igual que de gobernadores, para incorporar al catálogo de delitos considerados «graves» los de portación de armas establecidos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (artículos 77 a 91), para que se imponga la «prisión preventiva» oficiosa.