En gran parte de los países en desarrollo las normas jurídicas tienden a ser ignoradas. Ciertos estudiosos sugieren que una de las principales causas de una ejecución obligatoria débil de la ley (weak enforcement) es la limitada capacidad del Estado para monitorear y sancionar, y que bajo tales consideraciones ese Estado puede ser caracterizado como débil. Este enfoque asume que los políticos intentan hacer cumplir la ley y fracasan, por lo cual modelos clásicos del derecho y la economía como el de Gary Becker (1968) enfatizan en cómo los presupuestos limitan la ejecución obligatoria de la ley.

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Los días 26 y 27 de abril pasados, en San José [Costa Rica], la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebró la audiencia pública del Caso Alvarado Espinoza y Otros Vs. México, relacionado con la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes por parte de miembros del Ejército mexicano en el Ejido Benito Juárez de Chihuahua, el 29 de diciembre de 2009, y cuyo paradero aún se desconoce.

La interseccionalidad de las categorías mujer y madre acentúan, en la mayoría de los casos, la desigualdad y discriminación que viven las mujeres en México. Desde la distribución sexual inequitativa de las labores domésticas y de cuidado, y la inviabilidad de compatibilizar el trabajo remunerado con el no remunerado, hasta extremos como el no disponer de mecanismos efectivos de acceso a la justicia ante un caso de agresión sexual o el encontrarse en la necesidad de emprender la búsqueda de un ser querido que ha desaparecido, son aspectos que obstaculizan el disfrute de sus derechos y minan la posibilidad de conducir sus vidas con autonomía.

En México, durante la última década se han sucedido una serie de reformas que pretenden mejorar la situación de las personas víctimas de delitos. Sin embargo, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tales esfuerzos, además de insuficientes, tienen deficiencias y obstáculos en su implementación.