En conmemoración del #8M, miles de mujeres salimos a marchar el viernes pasado con un mismo objetivo: Exigir el final del Estado patriarcal en el que estamos inmersas. A dicho Estado no le es ajena la denominada Cuarta Transformación, que sin la participación de las mujeres —es decir, de más de la mitad de la población nacional— y una visión transversal feminista no logrará sus expectativas establecidas: Reducir la violencia y la corrupción, y dinamizar la economía.

«A pesar de toda esta dolorosa evidencia, la sociedad mexicana ha permanecido indiferente a [al] “genocidio carcelario” y a la injusticia de la prisión preventiva, en tanto que las autoridades consideran al encarcelamiento sin sentencia como un mal necesario, cuya dimensión, aunque contraria a los principios constitucionales y del derecho internacional, se pretende justificar con argumentos de política criminal».

La semana pasada el Instituto de Justicia Procesal Penal publicó el primer avance informativo de su Observatorio de Unidades de Medidas Cautelares (UMECAs), mismo que demuestra que el Estado debe apostar prioritariamente por las medidas cautelares en libertad.

En México, la semana pasada ha sido de retrocesos para la justicia: a) El Senado de la República aprobó triplicar el catálogo de delitos que ameritarían prisión preventiva oficiosa, y b) el senador de Morena Alejandro Armenta anunció que propondría una iniciativa para imponer castración química a violadores de mujeres y niños, niñas y adolescentes.