Martes, 10 Febrero 2015

La sentencia: ¿Uniformidad o consistencia?

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En cualquier sistema penal dictar sentencia es una tarea compleja; tal vez sea la función judicial más difícil, porque implica determinar la pena que se impondrá a un conciudadano culpable de cometer un delito.

Y justo por su complejidad es que el juez encargado de la individualización de la pena tiene una amplia discrecionalidad, que a menudo es blanco de críticas debido a la percepción de disparidad, desigualdad o insuficiencia.

En efecto, la crítica más frecuente se refiere a la falta de uniformidad en las penas. No obstante, este no es un objetivo razonable, pues las circunstancias del delito y la persona imputada varían infinitamente, por lo cual la imposición de sentencias uniformes en todos los casos de un delito en específico sería injusta, afectando tanto a la persona sentenciada como a la comunidad que el sistema de justicia penal busca proteger.

Ahora bien, aunque la uniformidad no es práctica, es deseable sin embargo que los jueces adopten y apliquen principios y criterios coherentes y consistentes. La consistencia y coherencia de las sanciones son objetivos fundamentales del sistema de justicia penal, que reflejan un sistema igualitario, racional y justo. Sin lugar a dudas, la inconsistencia en las penas mina la opinión pública sobre la impartición de justicia.

Varios países han reconocido la importancia de contar con una ley de sentencias que promueva la consistencia y coherencia de las sentencias

El nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales contempla en su Artículo 410 criterios para la individualización de la sanción penal; a saber, la gravedad de la conducta típica y antijurídica, y el grado de culpabilidad de la persona sentenciada. Sin embargo, no guía suficientemente la labor judicial para asegurar la imposición de sentencias consistentes dentro del nuevo sistema de justicia penal.

Varios países con largo historial de sistema acusatorio y adversarial han reconocido la importancia de contar con una ley de sentencias (Sentencing Act en los países anglosajones) que promueva la consistencia y coherencia de las sentencias.

En general, esta ley une y expone:

  • El propósito de la sentencia: por ejemplo, un castigo justo, la disuasión, la reinserción, la denunciación y la protección de la comunidad.
  • Los principios fundamentales aplicables: por ejemplo, la proporcionalidad, la necesidad, la paridad y la totalidad.
  • Las consideraciones que el juez debe tener al redactar la sentencia: por ejemplo, la pena máxima, la práctica actual, la naturaleza y la gravedad del delito, el grado de culpabilidad de la persona sentenciado, la motivación detrás del delito, las circunstancias de la víctima, el daño causado, el remordimiento de la persona sentenciada y la existencia de factores agravantes o atenuantes.
  • La jerarquía de las penas existentes.

Otras herramientas judiciales son los manuales y pautas sobre la individualización de la pena, que detallan a fondo lo contemplado por la ley, así como estadísticas acerca de las sentencias y «panorámicas» de la práctica actual.

Se han desarrollado, por otra parte, programas virtuales para que el público pueda aplicar la ley, a través de simuladores, a casos reales con el fin de mejorar el entendimiento social de esta labor judicial.

Estas leyes y herramientas judiciales no prescriben una metodología para sentenciar ni restringen la discrecionalidad judicial, sino que orientan a los jueces al cumplir con su deber de individualizar la pena y garantizar que se tomen en cuenta todos los factores relevantes en un orden lógico, propiciando un marco dentro del cual son más probables la coherencia y la consistencia de las sentencias.

Consulta también:

Modificado por última vez en Martes, 25 Agosto 2015 12:34
Philippa Ross

Es licenciada en Derecho (con mención honorífica) y en Ciencias Sociales por la Universidad de Monash (Australia), además de realizar una estancia de intercambio académico en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cursa la Maestría en Derecho con especialización en derechos humanos en la Universidad Nacional de Australia. Se desempeña como investigadora asociada del Instituto de Justicia Procesal Penal.

7 comentarios

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