Martes, 09 Julio 2013

El Código Único de Procedimientos Penales en México: Tres iniciativas, una respuesta

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Establecer las condiciones de un debido proceso para afrontar las arbitrariedades, ineficiencias, ineficacias y corrupción que caracterizaron al procedimiento penal anterior son algunos de los principales propósitos del nuevo sistema de justicia penal en México.

Hasta junio de 2013, los estados de Chihuahua, México y Morelos eran los únicos que contaban con código adjetivo penal de naturaleza acusatoria vigente en todo su territorio y para todos los delitos. Baja California, Coahuila, Durango, Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Yucatán y Zacatecas poseían tales ordenamientos solo con vigencia parcial en cobertura territorial y tipo de delitos. Finalmente, Hidalgo y Michoacán, entre otras entidades, aunque habían legislado sus nuevas disposiciones procesales aún no entraban en vigor.

El avance de los estados en la regulación del procedimiento penal acusatorio es evidente y debe ser considerado al generar el Código Único con el que contará nuestro país, según lo manifestado por diversos actores políticos. En este contexto, los días 4, 29 y 30 de abril  [2013] fueron presentadas tres iniciativas en el Senado de la República.

La primera no es armónica con el esquema acusatorio, pues incorpora figuras como «consignación» y «libertad provisional bajo caución» o «bajo protesta», y diligencias de investigación reguladas en exceso. La segunda incorpora la naturaleza acusatoria, pero conserva la poco útil división entre investigación y proceso, conforme al «ejercicio de la acción penal» como particularidad, y concibe la segunda instancia y la ejecución como etapas del procedimiento penal, no como un régimen transversal o un procedimiento diverso. Por último, la tercera iniciativa, de índole acusatorio y oral, estructura el procedimiento, como lo hace la mayoría de las entidades, bajo la lógica de investigar, preparar el juicio y juzgar, de acuerdo con las directrices, principios y normas mínimas contenidas en los instrumentos internacionales ratificados por México y con un desarrollo estricto en la Constitución federal, sobre la base de un mínimo de supuestos de privación de la libertad del imputado a título precautorio o cautelar (detenciones, internamientos y «prisión preventiva», entre otros), sin menoscabo de la máxima protección a los derechos de la víctima.

¿Cuál será la iniciativa protagónica en el dictamen legislativo? La respuesta la conoceremos en el próximo periodo ordinario del Congreso de la Unión.

Modificado por última vez en Jueves, 30 Abril 2015 10:50

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