Martes, 26 Agosto 2014

¿Protocolo o folleto?

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El cumplimiento de los derechos a la no discriminación y de acceso a la justicia es una deuda histórica del Estado mexicano con la comunidad LGBTTTI (Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti e Intersex).

Durante los últimos meses, por lo menos en el discurso, el gobierno ha empezado a dar pasos encaminados al cumplimiento de tales compromisos. Muestra de ello son la instauración del 17 de mayo como Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia y la inclusión de la diversidad sexogenérica en el Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación 2014-2018. Es necesario afinar nuestro ojo crítico y verificar que estas sean verdaderas acciones reivindicativas y no simples espectáculos mediáticos.

En el mismo sentido, hace una semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentó su Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género, con el cual pretende sentar las directrices para que las personas encargadas de impartir justicia las consideren cuando en sus manos esté la resolución de casos que impliquen a personas LGBTTTI.

Ante un panorama de violación casi generalizada del derecho al debido proceso y de discriminación específica contra la diversidad sexogenérica en México, su aparición es crucial. Sin embargo, sus contenidos (y al parecer su implementación) lo perfilan como uno de tantos documentos que pasarán a las filas de la soft law: podría ser bueno y funcional, pero no es vinculante.

Dicho protocolo deja claro desde el principio que su cumplimiento no será obligatorio para los y las juzgadoras, de modo que su aplicación, como siempre, estará sujeta a la interpretación que aquellos hagan de la Constitución y los Tratados Internacionales, lo cual no resulta ni suficiente ni adecuado.

Parece un primer intento de sensibilización de las autoridades sobre la diversidad sexogenérica; se les ofrecen las primeras herramientas para comprender a esta población, aunque detectar y erradicar estereotipos y prejuicios de la legislación, y el proceder de la administración de justicia siguen quedando como sugerencias.

El Protocolo de la Corte sobre la comunidad LGBTTTI no proporciona un plan detallado ni pasos para la impartición de justicia sin discriminación

Así, más que un protocolo, este es un documento informativo para quienes imparten justicia y como tal tenía que haberse presentado. Está bien que la SCJN se preocupe por informar a sus impartidores e impartidoras de justicia para combatir sus prejuicios, pero necesitamos un protocolo real que contribuya a garantizar, proteger y respetar los derechos humanos de la población LGBTTTI.

Todo el protocolo parece contenido en la página 29, donde se incluye un «Método para juzgar con perspectiva de género y orientación sexual»; el resto es un folleto con un test «para detectar la discriminación» y cosas por el estilo, que además no son claras. El documento no proporciona un plan detallado ni una serie ordenada de pasos encaminados a la impartición de justicia sin discriminación. Y aun como folleto informativo son cuestionables varios de sus contenidos, así como la suficiencia de las fuentes consultadas para sus definiciones.

El Protocolo de la Corte sobre la comunidad LGBTTTI no proporciona un plan detallado ni pasos para la impartición de justicia sin discriminación

Insistiendo en que es un buen comienzo para la sensibilización, debemos abogar por perspectivas amplias que salvaguarden la dignidad de todas las personas. Para empezar, tiene deficiencias en la conceptualización de «sexo» y «género»; aunque su definición de género pretende deslindar lo definido por el «sexo biológico», su planteamiento termina reafirmando esta relación al decir que «”Género” refiere al resto de atributos que, social, histórica, cultural y geográficamente, se le han asignado a los hombres y a las mujeres».

Por otro lado, el protocolo establece que el sexo de las personas asignado en actas de nacimiento es una decisión conjunta médicas/os-padre-madre al momento del nacimiento. En realidad, esta dista mucho de ser una decisión, pues es entendida por la población y el personal de salud como un mandato de la naturaleza. En esa misma sección es rescatable que enfatice en que hoy la norma es asignar el sexo con base en los genitales, aunque según la biología esto resulta de la confluencia de diversos factores.

En el mismo tenor, menciona solo tres posibilidades de orientación sexual, omitiendo que esta tiene más variantes, resultado de la combinación de distintas identidades sexuales y de género, entre otras.

Siendo este un buen comienzo, es riesgoso: puede que lo que estemos haciendo sea solo una transición de los y las juezas desde viejos estereotipos hacia un nuevo edificio normativo: tarde o temprano vamos a descubrir que también hay gente marginada de este nuevo y aceptado sistema de reglas.

En cuanto a sus pretensiones didácticas, el material gráfico (cuadros y mapas conceptuales) es poco funcional y deja muchas dudas; torna confusa, por ejemplo, la relación entre el libre desarrollo de la personalidad y la identidad de género y la orientación sexual.

Finalmente, observando la metodología, hay que revisar a detalle la sección referida a los estereotipos que laceran a la comunidad LGBTTTI; de ellos se ofrece una lista que contiene aquellos presuntamente «más comunes», pero que, en primer lugar, no es exhaustiva ni clarifica qué metodología se utilizó para determinarlos. ¿«Más comunes» para quién? ¿Para la SCJN? ¿Entre juezas y jueces? ¿Con base en qué estudio o encuesta?

Puede ser que muchas de las carencias del documento se deban a la premura con la que fue publicado, lo cual obedeció quizás a la visita de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y su Relatoría LGBTTTI. Ojalá su implementación (de ocurrir y de ser esto algo más que la repartición de ejemplares) se dé con la atención y el detalle necesarios.

Su revisión, en donde la academia y la sociedad civil organizada debieran tener participación, también debería ocurrir pronto si lo que se quiere es asegurar el acceso a la justicia. Mientras tanto, la reivindicación del derecho al debido proceso y el cumplimiento de los derechos humanos de la población LGBTTTI sigue pendiente.

Consulte también:

Modificado por última vez en Jueves, 26 Noviembre 2015 11:37
José Luis Gutiérrez Román

Dirige Asistencia Legal por los Derechos Humanos, AC—Asilegal. Es maestro en Defensa, Promoción y Difusión de los Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, habiendo tomado cursos y diplomados en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Senado de la Republica, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Universidad de Chile, la American University Washigton College Of Law, el Servicio Internacional para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Association for the Prevention of Torture. Tiene gran experiencia en áreas jurídicas de organizaciones defensoras de derechos humanos. Es autor de «Diagnóstico sobre el Fenómeno del Feminicidio en el Estado de Oaxaca» (2010), «¿Comunidad LGBTTTI sin derechos? Personas Privadas de la libertad de la comunidad LGBTTTI» (2011) y el Informe «Situación de las personas privadas de la libertad en México» (2012).

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