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Martes, 01 Julio 2014

Una defensa bien armada

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Tuve la oportunidad de representar al IJPP en la Conferencia Internacional sobre Acceso a Servicios de Defensa en los Sistemas de Justicia Penal, en Johannesburgo [Sudáfrica], del 24 al 26 de junio [2014].

Con el patrocinio del Ministerio de Justicia del país anfitrión, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y Open Society Justice Initiative, la conferencia fue organizada alrededor de los «Principios y lineamientos de Naciones Unidas sobre Acceso a Servicios de Defensa en los Sistemas de Justicia Penal», aprobados por la Asamblea General en junio de 2013.

Representantes de los cinco continentes pudimos compartir experiencias en la defensa del derecho a un juicio justo y su importancia respecto del derecho a acceder a servicios legales para una defensa adecuada.

Conocimos distintos modelos de provisión de estos servicios, como los paralegals (mecanismo de empoderamiento legal de personas detenidas y acusadas de cometer un delito), de varios países de África; la defensa pública tradicional en países latinoamericanos, Israel y Estados Unidos; los modelos de defensa pro-bono y de asignación de defensor por parte de los tribunales, y modelos mixtos como el de Sudáfrica, considerado uno de los mejores del mundo.

Exigir el acceso a un abogado es el simple reclamo de que el Estado haga bien su trabajo al ejercer su poder de castigo sobre las personas

Aunque funcionan en contextos distintos, todas estas modalidades de defensa comparten retos: 1) insuficiencia de recursos para proveer los servicios de defensa adecuada a personas que no pueden pagarlos de otra manera, lo que afecta especialmente a sectores vulnerables; 2) sobrecargas de trabajo por falta de personal; 3) ausencia de indicadores de desempeño que permitan evaluación y monitoreo periódicos, y 4) en general, falta de una política pública que priorice la defensa en el sistema de justicia penal.

Lo anterior impide proteger de manera oportuna los derechos de las personas detenidas y acusadas, a través de una comunicación eficaz, con el consecuente riesgo para su integridad personal, la presunción de inocencia y el debido proceso.

Por primera vez los principios y lineamientos de Naciones Unidas mencionados parecen enfocados en contrarrestar, desde el ámbito internacional, la falta de voluntad política en los países para asumir la obligación estatal de garantizar el derecho a un juicio justo.

Pero quizás habrá que convencer a muchas autoridades, ciudadanos y medios noticiosos de que la defensa en el proceso penal es el arma contra la arbitrariedad y los discursos punitivos irracionales en todo sistema de justicia penal que se diga democrático.

La exigencia del derecho de acceso a un abogado no es un capricho de quienes promovemos el debido proceso, ni de los defensores y defensoras, y los jueces que velan por su cumplimiento. Tampoco es un atentado contra los derechos de las víctimas, como muchos pregonan. Es el simple reclamo de que el Estado haga bien su trabajo al ejercer su poder de castigo sobre las personas.

Una defensa de calidad exhibe las acusaciones temerarias y defectuosas, y los errores durante el proceso; permite evitar que esto se vuelva sistemático y afecte los derechos. Si una defensa de calidad es vista por el Estado como amenaza, entonces debemos preocuparnos, preguntándonos si realmente podemos estar tranquilos pensando que somos inocentes hasta que nos demuestren lo contrario.

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Modificado por última vez en Martes, 23 Junio 2015 10:37

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