Martes, 18 Marzo 2014

¿Qué sucede con la reforma penal? Primicias del Observatorio Ciudadano

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La reforma al sistema de justicia penal aprobada en 2008 no está siendo aplicada a cabalidad, según lo demuestran las investigaciones del Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia, conformado porAsistencia Legal por los Derechos Humanos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y el Instituto de Justicia Procesal Penal.

El Observatorio ha estudiado situaciones específicas en la implementación de dicha reforma en seis estados, con base en lo cual elaboró su Primer Informe, que incluye:

  • El arraigo en Michoacán y el Distrito Federal
  • La aplicación de medidas cautelares en Baja California y Morelos
  • El papel de la figura del juez de ejecución en Guerrero y Oaxaca

En cuanto al primer punto encontró que existe un uso discrecional, lo que viola el principio de certeza jurídica: en Michoacán no se ha aplicado el arraigo desde 2011 y entrevistas a operadores y operadoras de justicia revelan que el ministerio público no suele promover nuevos arraigos. La procuraduría estatal sostiene que esto obedece a que ignoran cómo aplicarlos, en tanto que testimonios obtenidos de la defensoría pública refieren que no se aplican por miedo a las amenazas del crimen organizado.

En Baja California y Morelos el cumplimiento de las medidas cautelares en libertad es alto, ¿por qué entonces se abusa de la «prisión preventiva»?

En el Distrito Federal, por el contrario, durante 2012 hubo 301 personas arraigadas, de las cuales solo en 16 casos el juez solicitó información sobre su integridad y las condiciones en las que se encontraban, lo que demuestra que, en general, los juzgadores no verifican la situación de los derechos humanos de las personas bajo arraigo.

Además, esta medida sigue efectuándose en las instalaciones del centro de detenciones no obstante que la reforma constitucional de 2008 estableció el arraigo domiciliario. El Observatorio detectó que, además, las autoridades responsables no llevan el registro adecuado de las personas arraigadas, de modo que es imposible conocer si se respetó el obligado principio de excepcionalidad.

En el segundo punto, el Primer Informe del Observatorio identifica el uso indiscriminado de la «prisión preventiva» como otro obstáculo para la implementación del nuevo sistema de justicia. En Baja California y Morelos la prisión sin juicio es la medida cautelar que con mayor frecuencia solicita el ministerio público y casi siempre es concedida por el juez, lo que constituye un retroceso al negar la posibilidad de una procuración de justicia eficiente y con apego a derechos humanos.

Paradójicamente, tanto en Baja California como en Morelos la tasa de cumplimiento de las medidas cautelares en libertad es alto, lo que permite concluir que son estas y no la «prisión preventiva» la alternativa adecuada.

Sobre el tercer punto, referente a la instauración de la figura del juez de ejecución, se documentó que en Oaxaca y Guerrero no hay legislación secundaria en la materia, ni infraestructura institucional, de manera que las autoridades judiciales encargadas de la ejecución de sentencias no están en funciones ni se efectúan las audiencias respectivas.

Lo anterior genera vacíos legales que repercuten, por ejemplo, en los protocolos de actuación de los funcionarios encargados de dicha ejecución, así como en el respeto a los principios del sistema acusatorio en los incidentes de ejecución y la aplicación del modelo de reinserción social.

El Primer Informe del Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia, que aparecerá próximamente, pone el dedo en la llaga de problemas que han obstaculizado, entre muchos otros, la implementación de la reforma de 2008, pero también hace propuestas específicas. Los invito a conocerlo y unir esfuerzos para lograr que nuestro sistema de justicia penal sea más justo y funcione como garante de los derechos humanos.

Consulta también:

Modificado por última vez en Viernes, 08 Mayo 2015 09:13
José Luis Gutiérrez Román

Dirige Asistencia Legal por los Derechos Humanos, AC—Asilegal. Es maestro en Defensa, Promoción y Difusión de los Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, habiendo tomado cursos y diplomados en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Senado de la Republica, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Universidad de Chile, la American University Washigton College Of Law, el Servicio Internacional para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Association for the Prevention of Torture. Tiene gran experiencia en áreas jurídicas de organizaciones defensoras de derechos humanos. Es autor de «Diagnóstico sobre el Fenómeno del Feminicidio en el Estado de Oaxaca» (2010), «¿Comunidad LGBTTTI sin derechos? Personas Privadas de la libertad de la comunidad LGBTTTI» (2011) y el Informe «Situación de las personas privadas de la libertad en México» (2012).

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