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Martes, 04 Marzo 2014

La reforma al sistema de justicia penal y la excusa del dinero

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Recientemente la Auditoría Superior de la Federación [ASF] emitió el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, que audita al Programa de Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC). Este programa asigna recursos a las entidades federativas como apoyo a su proceso local de implantación del sistema penal acusatorio.

Los resultados del dictamen de la ASF son negativos, como puede constatarse en algunas de sus conclusiones: fallas importantes en el sistema de clasificación y estratificación de los estados con respecto a los niveles de implementación; incumplimiento de los criterios de asignación de recursos por parte del Comité de Subsidios de la SETEC; concesión de partidas presupuestales incongruente con el nivel de implementación real en algunos estados; retraso en la ejecución de los proyectos debido a la transferencia tardía de las sumas aprobadas; probables daños y perjuicios a la hacienda pública federal por la incorrecta comprobación de fondos; irregularidades en la celebración del convenio de colaboración entre la SETEC y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), entre otras.

Aun sin tener este resultado a la mano sabemos que el avance en la implementación del sistema acusatorio penal es mucho menos que ideal. Las autoridades federales han expresado constantemente la voluntad de que el sistema esté implantado en 2016, como lo señala la Constitución, y de hecho duplicaron el presupuesto asignado a la SETEC para el ejercicio 2014, que quedó en unos mil millones de pesos.

No obstante, a prácticamente dos años de que se cumpla ese plazo, solo en aproximadamente la mitad de las entidades ha entrado en vigor el nuevo sistema, de las cuales apenas Morelos, Chihuahua y el Estado de México lo aplican en todo su territorio.

Aunque la SETEC es el órgano encargado de coordinar los esfuerzos de implementación, la responsabilidad es compartida con todos los ámbitos de gobierno. El subsidio federal para los estados y el Distrito Federal es insuficiente para cubrir las necesidades de la instrumentación de la reforma, pero lo cierto es que esta no debe ser la fuente principal para hacerlo: la reforma del 2008 obliga a todas las entidades a asignar presupuesto suficiente para cumplir el mandato constitucional.

Una reforma estructural como esta es costosa, sí, pero resulta inadmisible que el pretexto de recursos financieros insuficientes se esgrima como la razón principal para no ejecutarla; también, que los pocos recursos asignados a este proceso no sean aprovechados al máximo o, peor, que sean utilizados al margen de las leyes.

Solo nos queda pensar que no existe suficiente voluntad política para garantizar el derecho al juicio justo y los derechos de las víctimas

En descargo de la SETEC hay que decir que los recursos auditados fueron ejercidos en la administración anterior. Por ello, lo menos que podemos esperar es que las autoridades actuales lleven a cabo las investigaciones pertinentes, para sancionar a quienes incumplieron las disposiciones normativas aplicables, y tomen en cuenta las recomendaciones de la ASF, utilizando el dinero público de manera eficiente y con base en los principios de una administración pública responsable.

A su vez, las entidades que no han cumplido con la Constitución están en deuda con sus ciudadanos y ciudadanas. Recordemos que la nueva forma de juzgar los delitos en nuestro país prioriza el derecho a un juicio justo y los derechos de las víctimas. Lo único que nos queda pensar es que no existe suficiente voluntad política para garantizar estos derechos fundamentales.

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Modificado por última vez en Viernes, 08 Mayo 2015 09:12

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