Lunes, 07 Octubre 2013

Sin libertad en la tempestad

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Toda persona privada de libertad será tratada humanamente, con irrestricto respeto
a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales.
El Estado Mexicano como garante de los derechos de las personas bajo su custodia,
no sólo tiene el deber especial de respetar y garantizar su vida e integridad personal,
sino que debe asegurar condiciones mínimas
que sean compatibles con su dignidad [Principio 1]

Las condiciones bajo las cuales viven miles de personas privadas de libertad en México son deplorables. Hacinamiento, violencia y falta de servicios de salud adecuados, agua potable y alimentos son característicos del sistema penitenciario en el país.

Estas circunstancias son agravadas cuando dichas personas, cuya integridad física y mental depende directamente del Estado, y sus familias enfrentan emergencias provocadas por desastres naturales.

En días recientes, el huracán Manuel dejó a su paso deslaves, localidades incomunicadas, inundaciones, personas desaparecidas y muertes en Guerrero, siendo la entidad con mayor número de municipios afectados —56 en total—. Ante esta situación nadie se pregunta qué sucede con quienes viven en la penumbra de una celda.

En Guerrero hay 5,570 personas privadas de libertad, cuando la capacidad de los centros es de 3,682. El 51% de ellas se encuentran en espera de sentencia. Tlapa de Comonfort, Malinaltepec, Acapulco y Coyuca de Catalán suman un total de 2,809. En esas localidades los efectos del huracán son devastadores y tales personas se encuentran en un estado de vulnerabilidad aún más grave que antes, pues cuando sobreviene un desastre su vida es impactada principalmente en los aspectos material y psicológico.

Por una parte, los centros no fueron diseñados según la perspectiva de derechos humanos y los criterios de género, bajo la consideración de que quienes cometen un delito no merecen trato digno y deben ser sancionados dejando de lado sus derechos humanos. Así, la inversión estatal en la infraestructura de las prisiones no ha tenido la prioridad que merece y requiere.

Casi todos los centros en Guerrero padecen deterioro y carencias estructurales importantes que difícilmente pudieron resistir al paso de Manuel. La lluvia y el frío incrementaron las posibilidades del contagio de tuberculosis y la complicación de enfermedades respiratorias.  Las dificultades para acceder a las localidades afectadas provocaron el encarecimiento y la escasez de alimentos, y esto se agravó para la mayoría de los internos e internas porque dependen para obtener alimentos y artículos de primera necesidad de sus familias, y estas no pudieron llegar en su auxilio.

Tras el paso del huracán nadie se pregunta qué sucede con quienes viven en la penumbra de una celda

Por otra parte, las consecuencias psicológicas que enfrentan ante la emergencia incluyen sentimientos de ansiedad, angustia e impotencia por no saber qué ocurre más allá de las cuatro paredes, hasta llegar a la desesperación, generándoles un estrés más agudo que el que de por sí implica el encierro.

No olvidemos que en los centros de reinserción social de las entidades afectadas por el huracán Manuel hay en este momento personas sumidas en un estado todavía mayor de  vulnerabilidad, viviendo la tempestad en celdas oscuras y frías; personas cuya vida, integridad personal y condiciones dignas deben ser garantizadas más que nunca por el Estado en situaciones de emergencia.

Post publicado en octubre 8, 2013

Modificado por última vez en Lunes, 05 Mayo 2014 13:57
José Luis Gutiérrez Román

Dirige Asistencia Legal por los Derechos Humanos, AC—Asilegal. Es maestro en Defensa, Promoción y Difusión de los Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, habiendo tomado cursos y diplomados en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Senado de la Republica, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Universidad de Chile, la American University Washigton College Of Law, el Servicio Internacional para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Association for the Prevention of Torture. Tiene gran experiencia en áreas jurídicas de organizaciones defensoras de derechos humanos. Es autor de «Diagnóstico sobre el Fenómeno del Feminicidio en el Estado de Oaxaca» (2010), «¿Comunidad LGBTTTI sin derechos? Personas Privadas de la libertad de la comunidad LGBTTTI» (2011) y el Informe «Situación de las personas privadas de la libertad en México» (2012).

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