Martes, 06 Noviembre 2018

Ver para creer (o no) la justicia

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La reforma del sistema de justicia penal en México introdujo la oralidad como metodología para procesar los casos, fortaleciendo el principio de publicidad. En el IJPP esto nos ha permitido utilizar el método de observación de audiencias —sobre todo iniciales y, más recientemente, intermedias— para supervisar la administración de justicia y evaluar el desempeño de los actores procesales.

El espectro de observación se da desde el acceso a los tribunales hasta la resolución judicial, según el tipo de audiencia de que se trate. A menudo nos hemos encontrado con críticas sobre la imposibilidad de analizar el desempeño del sistema de manera más profunda a través de este método, porque, se argumenta, no es posible observar lo que sucede entre los agentes del sistema y las estructuras a las que pertenecen, de las cuales nacen muchas de las buenas o malas prácticas observadas. La crítica es razonable, sin duda, aunque según nuestra experiencia la información generada nos da pistas sobre problemas del sistema y oportunidades de intervención para solucionarlos.

Por ejemplo, nos hemos encontrado con una diversidad de prácticas relativas al acceso y publicidad de las audiencias, que van desde la entrada a la sala prácticamente sin restricciones, hasta el acceso controlado en diferentes grados y por diversos medios, como los detectores de metales. Un obstáculo común es que prohíben el acceso con bolsas, mochilas y teléfonos celulares, pero a menudo carecen de lugares donde dejarlos, lo que ha generado negocios privados informales fuera de los tribunales, para su resguardo.

Dado que el sistema acusatorio introdujo la metodología de oralidad para todas las audiencias del proceso penal, era importante que los operadores legales pudieran transmitir la información en lenguaje comprensible, en beneficio de las partes y el público. Esto no solo no ha sucedido, sino que las partes a menudo leen los registros de la investigación, dictan la información presentada en la audiencia al juez y este último resuelve muchas veces de manera incomprensible. En una reciente medición descubrimos que en Cuernavaca el lenguaje de las y los jueces se reportó como completamente comprensible en el 56% de las audiencias observadas, mientras que en Ecatepec solo el 20.2% y en la Ciudad de México apenas el 33.9%. Entender lo que pasa en un proceso penal es condición del acceso a la justicia.

Ver la justicia es indispensable para hacer valer nuestros derechos y obligar a las y los actores de justicia a hacer bien su trabajo, en especial a falta de una instancia de gobierno que monitoree y evalúe permanentemente el desempeño del sistema de justicia penal

Las observaciones también nos han permitido medir las resoluciones de medidas cautelares para determinar qué tan excepcionalmente se utiliza la «prisión preventiva». Seguimos viendo su uso sistemático, aunque en algunas jurisdicciones es peor que en otras. En nuestras observaciones hemos calculado, al final, que entre el 50 y el 90 por ciento de las personas es sujeto a esta medida cautelar.

Más aún, la observación de audiencias nos ha permitido rastrear los caminos paralelos de normas y prácticas para identificar la brecha entre ellas, así como conocer la diversidad de interpretaciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y, sobre todo, medir la calidad de la justicia.

Ver la justicia, en suma, es indispensable para hacer valer nuestros derechos y obligar a las y los actores de justicia a hacer bien su trabajo, en especial a falta de una instancia de gobierno que monitoree y evalúe permanentemente el desempeño del sistema de justicia penal en nuestro país.

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Modificado por última vez en Martes, 06 Noviembre 2018 11:42
Ana Aguilar García

ana.aguilar@presunciondeinocencia.org.mx

Abogada por la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México; maestra en Derechos
Humanos por la Universidad de Europa Central, en Budapest, Hungría. Actualmente cursa
el Doctorado en Ciencias Sociales y Políticas en la Universidad Iberoamericana de la Cd.
de México. Cuenta con un Diplomado en Docencia y Reflexión Universitaria por la
Universidad Iberoamericana y un Diploma de Perfeccionamiento en Derecho
Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos Humanos por la Universidad de Pisa
en Italia. Fundadora y Directora de Proyectos del Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C.
(IJPP). Es profesora titular de las materias “Temas Selectos de Derechos Humanos” en la
Escuela Libre de Derecho y “Los derechos humanos en la sociedad actual” en la
Universidad Iberoamericana. Es coautora del libro “Servicios Previos al Juicio. Manual de
Implementación”, autora del fascículo “Presunción de Inocencia” publicado por la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros artículos de libros y revistas
especializadas en temas de derechos humanos del proceso penal.

 

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