Martes, 09 Octubre 2018

¿Qué o quién falló en el caso Duarte?

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El 26 de septiembre pasado, versiones periodísticas informaron, una vez más, sobre un caso que es ejemplo de la impunidad imperante en nuestro país. La noticia: «Imponen 9 años de prisión a Javier Duarte», al final de un procedimiento abreviado, consternó a parte de la sociedad mexicana. Hacía referencia al exgobernador de Veracruz, extraditado en julio de 2017 y procesado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita («lavado de dinero») y delincuencia organizada, posteriormente reclasificado por el de asociación delictuosa.

La indignación por tal sentencia condenatoria deviene de la gran desconfianza en las instituciones de procuración de justicia. En ese contexto, no ha parado la enunciación de responsables, el primero de los cuales es, por excelencia ante la opinión pública, el sistema penal acusatorio. Aunque una vez que quedó claro que el procedimiento abreviado solo podía ser aplicado a solicitud del ministerio público, el gobierno atribuyó la responsabilidad a la anterior administración de la Procuraduría General de la República (PGR) y a los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación.

La organización TOJIL presentó una denuncia ante la propia PGR, solicitando que el caso Duarte sea analizado minuciosamente, determinándose si se cometieron irregularidades penales o administrativas, por acción u por omisión de los servidores públicos a cargo de la investigación, lo que derivó en el inicio de una investigación por parte de la Visitaduría General de la propia institución.

Si la calidad de víctima le es reconocida [a TOJIL], ya sea por el ministerio público federal o por el órgano jurisdiccional, se generará un gran precedente sobre transparencia y acceso a la justicia en los casos por corrupción en México

Más allá del caso Duarte, esta investigación es paradigmática. Desde TOJIL se ha identificado que, procesalmente hablando, la falta de contrapesos en favor de las víctimas durante los procedimientos penales por delitos de corrupción es uno de los principales factores que generan ineficacia en las investigaciones, así como irregularidades y nuevos hechos de corrupción. Por tal motivo, esta organización solicitó también acudir como víctima (en representación de los intereses de la sociedad por dichos delitos), conforme a la Ley General de Víctimas, buscando garantizar que se le dé seguimiento puntual a la investigación que busca revisar y someter al escrutinio público el actuar de la PGR en este caso.

Si la calidad de víctima le es reconocida, ya sea por el ministerio público federal o por el órgano jurisdiccional, se generará un gran precedente sobre transparencia y acceso a la justicia en los casos por corrupción en México, y las implicaciones de esto serían que TOJIL podrá acceder a toda la investigación y solicitar que se realicen actos de investigación como coadyuvante del ministerio público —desde luego, los pormenores de este carácter deberán ir detallándose en el curso del proceso; por ejemplo, en cuanto a la reparación del daño, esta debe ser al erario público.

Se espera, desde luego, que la investigación iniciada con motivo de la denuncia, misma tiene el respaldo de otras organizaciones como REINSERTA, Elementa México, el Instituto de Justicia Procesal Penal y el Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y Derecho, aclare lo sucedido en el indignante caso de Javier Duarte, pudiéndose determinar con claridad qué o quién falló, para con esa base exigir la aplicación de sanciones, pero también que propicie medidas preventivas para reducir la grave crisis de impunidad y corrupción que enfrentamos.

 Firma esta petición para que TOJIL coadyuve en la investigación de irregularidades del Caso Duarte

Consulta también: 

Modificado por última vez en Miércoles, 24 Octubre 2018 10:54
Estefania Medina y Adriana Greaves

Son cofundadoras de TOJIL–estrategia contra la impunidad.

 

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