Martes, 22 Mayo 2018

Cómo estudia la ciencia política la aplicación selectiva de la ley

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En gran parte de los países en desarrollo las normas jurídicas tienden a ser ignoradas. Ciertos estudiosos sugieren que una de las principales causas de una ejecución obligatoria débil de la ley (weak enforcement) es la limitada capacidad del Estado para monitorear y sancionar, y que bajo tales consideraciones ese Estado puede ser caracterizado como débil. Este enfoque asume que los políticos intentan hacer cumplir la ley y fracasan, por lo cual modelos clásicos del derecho y la economía como el de Gary Becker (1968) enfatizan en cómo los presupuestos limitan la ejecución obligatoria de la ley.

Sin embargo, un considerable número de Estados tiene la capacidad fiscal y administrativa de hacer cumplir sus leyes, pero los políticos deciden no hacerlo, lo cual es relevante para la ciencia política. Desde la introducción del concepto forbearance (aplicación selectiva de la ley) por parte de la politóloga Alisha H. Holland se ha renovado el interés por las formas en las que los políticos manipulan su aplicación.

El concepto de Holland (2016) ha ganado terreno porque identifica la ejecución no obligatoria de la ley de forma intencional y revocable; es decir, las formas de aplicación selectiva difieren tanto en su incidencia distributiva como en su forma de provisión, por lo que van desde un bien estudiado subtipo de corrupción en donde los políticos forjan exenciones legales para sus políticos aliados, a un subtipo menos predecible en el cual las leyes no se aplican a los pobres como una forma de provisión de bienestar informal.

El interés de Holland es reunir observaciones aisladas en un marco conceptual único y proponer estrategias empíricas para identificar la aplicación selectiva de la ley. Con base en un cúmulo original de datos sobre actuaciones policiales y vendedores ambulantes, demuestra cómo los alcaldes de los distritos más pobres en Santiago de Chile, Bogotá y Lima impiden sistemáticamente que la policía utilice los recursos disponibles para hacer cumplir la ley, como una forma de construir apoyo electoral, así como la ejecución obligatoria de la ley contra la ocupación ilegal, confirmando que los políticos locales utilizan la aplicación selectiva de la ley para impulsar el bienestar y destacar su compromiso con los distritos electorales más pobres, cuando en realidad lo que sucede es que las políticas sociales son insuficientes.

El concepto de Holland se centra en la aplicación selectiva de la ley o la lenidad intencional y revocable del gobierno hacia sus violaciones como un fenómeno distinto a la debilidad institucional para ejecutar obligatoriamente la ley (weak enforcement).

Así, en una serie de leyes su ejecución obligatoria (enforcement) tiene profundas consecuencias distributivas, por lo que introducir el concepto de aplicación selectiva de la ley para describir las decisiones intencionales y revocables con el fin de no hacer cumplir la ley (enforce the law) es útil. Los políticos pueden decidir si y contra quién la hacen cumplir, al igual que si proporcionan escuelas, tuberías de agua y entre otros servicios públicos. Debido a que la aplicación selectiva de la ley puede revertirse y acelerarse sin aprobación legislativa o asignaciones presupuestarias, es una herramienta útil para movilizar el apoyo electoral. De este modo, puede también ocultar las transferencias de recursos a los estratos más inferiores en la distribución del ingreso.

Las formas de aplicación selectiva difieren tanto en su incidencia distributiva como en su forma de provisión… van desde un subtipo de corrupción en donde los políticos forjan exenciones legales para sus aliados, a un subtipo menos predecible en el cual las leyes no se aplican a los pobres como una forma de provisión de bienestar informal

La riqueza del enfoque Holland es que permite distinguir no solo la variación debida a la acción gubernamental y al cumplimiento de la sociedad, sino las razones precisas por las cuales las decisiones gubernamentales respecto a la ejecución obligatoria de la ley divergen.

Vale la pena subrayar que la aplicación selectiva de la ley no es equivalente a otras transferencias distributivas. La ruptura de la ley resulta en externalidades negativas, las cuales a menudo pueden motivar el incumplimiento de las normas jurídicas. La aplicación selectiva también puede imponer costos a los mismos grupos de bajos ingresos que reciben los beneficios materiales en forma de limitado acceso a derechos: Forzar a las personas pobres a romper las leyes para asegurarles ciertos bienes básicos es lo opuesto a un compromiso con los derechos sociales incorporados en muchas políticas de bienestar.

Por supuesto que estos costos materiales y abstractos plantean una serie de preguntas, entre las que, para mí, las más relevantes son: ¿Bajo qué circunstancias los políticos favorecen la aplicación selectiva de la ley sobre otras herramientas distributivas basadas en impuestos? ¿Por qué pueden decidir tomar distancia de la dependencia en la aplicación selectiva de la ley como forma de clientelismo o provisión informal de bienestar? ¿Existen diferentes subtipos de aplicación selectiva de la ley?

Tales cuestiones son desafíos adicionales a la investigación sobre la ejecución obligatoria de la ley, pero solo podemos comenzar a responderlas en la medida en la que tengamos mejores datos e interpretemos mejor los resultados empíricos, asumiendo que los políticos pueden y deciden hacer cumplir la ley independientemente de los recursos institucionales a su disposición.

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Modificado por última vez en Martes, 29 Mayo 2018 11:04
Héctor Sebastián Arcos Robledo

Es politólogo por la Universidad de Guanajuato, y ha realizado estancias de investigación en FLACSO México, la UNAM y El Colegio de México, y cursos de especialización en manejo de datos, en el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE. Entre sus temas de interés destacan corrupción, patronazgo y redes clientelares en poderes judiciales. Hoy es investigador del Instituto de Justicia Procesal Penal y elabora indicadores sobre la eficacia de las recientes reformas de justicia penal. Ha colaborado con organizaciones no gubernamentales dedicadas a temas como Estado de derecho, capacidad estatal y rendición de cuentas, y en proyectos de investigación aplicada y política pública. Ha obtenido diversos reconocimientos en ciencia política, entre los cuales destaca el Premio Alonso Lujambio del Departamento Académico de Ciencia Política del ITAM.

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