Martes, 03 Abril 2018

Identidad nacional y racismo judicial

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Usualmente se piensa en el racismo como un fenómeno ajeno a la mexicanidad. El sujeto mexicano suele ser pensado y delimitado como el fruto de una mezcla armónica de razas y culturas, por lo que llega a afirmarse que la posibilidad del racismo le está vedada. El mestizaje, como se ha denominado a esta mezcla, es un constructo basado en la idea de homogeneidad racial que surgió a partir de la Colonia. Luego esta misma idea se convertiría en la piedra angular de la idea mexicana de Nación o identidad nacional, de acuerdo con Jorge Gómez Izquierdo y María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera en La ideología mestizante, el guadalupanismo y sus repercusiones sociales (UIA Puebla, 2011).

Después de la Independencia, las élites ilustradas mexicanas buscaron avanzar un proyecto que, en aras de la consolidación de la Nación, diluyera la diversidad étnica existente. Según dichos autores, la configuración de esta identidad, a través de la categoría de mestizo, pretendió la homogeneidad por medio de la destrucción y reconstrucción de las organizaciones de carácter comunitario, para someterlas al imperio del Estado de la República liberal. El proyecto y la identidad nacional mexicanos son, por ello, intrínsecamente racistas.

La supuesta homogeneidad de la identidad nacional invisibiliza culturas y etnias distintas, y también las acciones racistas que fermentan en las instituciones públicas. El Derecho ha ido codificándose con base en la idea racista de que México es una nación con diferentes culturas, pero donde cabe, por una razón bastante difusa, un único sistema jurídico.

Esto desconoce que el derecho y los sistemas jurídicos emanan de la realidad y la interacción de los actores sociales culturalmente determinados. Los sistemas normativos son reflejo coercitivo de las matrices civilizatorias existentes en un territorio determinado. En consecuencia, la imposición de un sistema normativo único, en este caso el sistema de derecho positivo emanado de una lógica moderno-occidental-positivista, a matrices culturales ampliamente diversas, tiene un sustrato homogeneizante.

La supuesta homogeneidad de la identidad nacional invisibiliza culturas y etnias distintas, y también las acciones racistas que fermentan en las instituciones públicas. El Derecho ha ido codificándose con base en la idea racista de que México es una nación con diferentes culturas, pero donde cabe un único sistema jurídico

Si tal disparidad no es suficiente para hacer emerger un pluralismo jurídico-institucional, el resultado será un racismo judicial sistémico, donde las leyes no protejan los bienes jurídicos fundamentales para las matrices culturales de los pueblos originarios. Será imposible así, como hasta ahora lo ha sido, hacer efectiva la protección al territorio no como un bien material, sino como un sujeto, lo que claman los pueblos originarios ante la embestida de proyectos mineros.

Si la supuesta homogeneidad identitaria de la que parte el derecho positivo no es problematizada, el acceso a la justicia seguirá siendo problemático para los pueblos originarios incluso a nivel ontológico. Ello porque la justicia positiva protege bienes configurados desde la cosmovisión moderna, mientras que la configuración del ser para los pueblos es distinta y al ser así no puede ser completamente protegida, salvo que haya un esfuerzo jurídico por entenderla.

Problematizar la configuración racista de las leyes e instituciones conlleva poner en tela de juicio la identidad nacional. Sin embargo, la era de desgarramientos civilizatorios ante la que nos encontramos demanda la revisión de unas instituciones que ya no apuestan a prevenir, sino que fomentan dichos desgarramientos. Para la matriz positiva esto puede ser materia de estudio interesante, pero para los pueblos indígenas hoy es cuestión de supervivencia.

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Modificado por última vez en Martes, 03 Abril 2018 12:26
Eliel Francisco Sánchez Acevedo

Es licenciado en Derecho y maestro en Comunicación
y Cambio Social por la Universidad Iberoamericana Puebla. Se desempeña como oficial
administrativo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. Ha sido
investigador sobre sistemas normativos indígenas en la Comisión Takachiualis, AC, en
San Miguel Tzinacapan [Puebla], así como voluntario en el Instituto de Derechos
Humanos Ignacio Ellacuría y el Servicio Jesuita a Migrantes.

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