Martes, 07 Noviembre 2017

Las copias de la investigación y los derechos de las víctimas

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Tenía miedo de que volvieran a desaparecer a mi hijo después de muerto…
Bertila Parada

En México las personas pueden ser desaparecidas dos veces. Primero sus cuerpos, luego sus historias. Desde 2013, doña Bertila Parada, madre de Carlos Alberto Osorio, y Alma Realegeño, hermana de Manuel Antonio Realegeño, solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) copias de los expedientes sobre el asesinato de sus seres queridos: Ambos fueron identificados entre las 195 personas halladas en abril de 2011 por el Ejército mexicano, en 47 fosas clandestinas del municipio de San Fernando [Tamaulipas].

A más de seis años de ese hallazgo y tras un largo juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la PGR que «expida las copias solicitadas». Pero no bastó para que las víctimas accedieran a copias de los aproximadamente 160 tomos de los que consta la averiguación previa. Han recibido copias de menos del 2% de la investigación.

¿Por qué son fundamentales dichas copias para garantizar los derechos de las víctimas?

En primer lugar, porque las víctimas son una de las partes en el proceso penal y no simples espectadoras de la labor del ministerio público; son agentes protagónicos del sistema de procuración de justicia, capaces de ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que las otras partes. Si las personas imputadas tienen derecho a contar con un abogado, las víctimas también; si aquellas tienen derecho a copias del expediente, estas igual.

En segundo lugar, el derecho internacional de derechos humanos y el Artículo 20 de la Constitución mexicana reconocen a las víctimas un amplio espectro de derechos, muchos de los cuales solo pueden ser ejercidos plenamente por sus titulares si tienen acceso irrestricto a los expedientes penales. Así, tienen entre otros los derechos a: i) Ser informadas de la investigación ─incluye contrastar que la información coincida con aquella de la que hay constancia─; ii) impugnar judicialmente las omisiones del ministerio público en la investigación de los delitos, para lo cual es necesario verificar su desempeño; iii) coadyuvar con las investigaciones, acción que exige, por ejemplo, conocer las líneas e hipótesis de investigación, las diligencias realizadas, las pruebas o datos de prueba recabados, y las personas imputadas; y d) la reparación integral, para lo cual el registro de los hechos y el caudal probatorio pueden ser significativos en el momento oportuno.

Las víctimas tienen derecho a saber cuál ha sido el comportamiento del Estado para investigar los hechos y llegar a ciertas conclusiones, valorar los elementos probatorios y evaluar la debida diligencia de la investigación

La Corte ha determinado que el acceso irrestricto a la investigación conlleva la obtención de copias cuando sean solicitadas [p. 56], con el fin de que puedan consultarse en cualquier momento y lugar, sin necesidad de acudir a las muchas veces físicamente inaccesibles instalaciones de las procuradurías.

En tercer lugar, las copias son una de las garantías del derecho a la verdad. Es cierto que «la verdad histórica» que albergan los expedientes puede muchas veces ser hasta inverosímil y o una mera colección de fútiles constancias de trámites burocráticos. No obstante, también es preciso reconocer que más allá de la veracidad o relevancia de su contenido, las víctimas tienen derecho a saber cuál ha sido el comportamiento del Estado para investigar los hechos y llegar a ciertas conclusiones, valorar los elementos probatorios que soportan dichas afirmaciones y evaluar la debida diligencia de la investigación.

Las víctimas tienen derecho a que se publique la verdad. Así las cosas, doña Bertila y doña Alma tienen derecho a que sus preguntas sean respondidas: ¿Qué pasó en San Fernando [Tamaulipas] en abril de 2011? ¿Quiénes son los responsables, incluyendo autores materiales e intelectuales? ¿Cómo es posible que a más de seis años de los hechos sigamos sin una narrativa completa, creíble y fidedigna sobre el asesinato de casi 200 personas que, adicionalmente, se encontraban en situación de vulnerabilidad por ser migrantes?

Aunque la PGR sigue sin dar copia de la totalidad del expediente, la sentencia de la Corte fue declarada cumplida por el juez de distrito a cargo de vigilar su ejecución, lo que ha dado pie a un litigio en curso. Sin duda, la obtención de copias es relevante para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, lo que a su vez es fundamental para superar la crisis de derechos humanos que lacera al país, y perpetúa el dolor, el horror y la impunidad.


 [1] Es amplia la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre el derecho a la verdad, que además se ha consolidado en las interpretaciones de los tribunales constitucionales de la región, como ocurrió con la sentencia señalada de la Corte. También es reconocido en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, así como la Ley General de Víctimas y la recién aprobada Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

 Expedientes victimas derechos

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Modificado por última vez en Martes, 07 Noviembre 2017 11:30