Martes, 31 Octubre 2017

El Poder Judicial Federal frente a la «prisión preventiva»

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Con la Miscelánea Penal (2016) surgió la posibilidad legal de revisar o cambiar la «prisión preventiva» de las personas bajo proceso en el sistema tradicional, por una medida cautelar diferente; lo anterior a partir del Artículo Quinto Transitorio, que permite la revisión de dicha medida bajo las reglas del sistema acusatorio.

La disposición generó diversas interpretaciones: Se objetó desde su constitucionalidad hasta su forma de aplicación; si la decisión correspondía a jueces del sistema tradicionales o a jueces de control del sistema acusatorio; si para la revisión debía realizarse una audiencia de debate o hacerse a través de un incidente por escrito, o si estaba condicionada a la valoración de las unidades de medidas cautelares.

De entrada, los juzgados de proceso penal escrito rechazaron las peticiones. Así, el caso de José Manuel Mireles, por ejemplo, fue definido hasta la segunda ocasión, tras un recurso judicial. Entonces se cambió la «prisión preventiva» por la libertad con presentación periódica, garantía económica y prohibición de salir de Michoacán.

Otro es el caso de Daniel García ―con 15 años bajo esta medida cautelar y que ha sido admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos―, cuya petición fue negada dos veces por el juzgado penal, con un recurso de apelación en curso y un amparo reciente que ordena se acepte la petición de revisión.

Los tribunales de amparo produjeron criterios divergentes. En Quintana Roo se declaró que las y los jueces del sistema tradicional debían aplicar el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) y revisar la «prisión preventiva». En Ciudad de México, que la disposición era inconstitucional. Y en junio pasado la Suprema Corte de Justicia resolvió la contradicción de tesis 64/2017, según la cual esta medida es constitucional, no es contraria al sistema acusatorio y sus principios, e implica derechos sustantivos, particularmente en la excepcionalidad de la restricción a la libertad personal.

Esta sentencia de la Corte reconoce que tal disposición es una facultad extraordinaria que permite que un juez del sistema mixto aplique el CNPP y los principios del sistema acusatorio. Reconoce que la libertad personal debe protegerse al máximo y la privativa de libertad es una medida que debe respetar la presunción de inocencia y los principios de excepcionalidad, legalidad, necesidad y proporcionalidad justificada.

Ayer se publicó la Opinión 66/2017 del Grupo de Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas, donde se recomienda al Estado mexicano ordenar la libertad inmediata de Daniel García, así como de Reyes Alpízar, al acreditarse el carácter arbitrario de su detención

La revisión de la «prisión preventiva» se justifica también bajo el principio de progresividad de los derechos humanos y la jurisprudencia internacional que establece que la privación de la libertad debe ser revisadas de forma periódica y de oficio.

En 2016, un estudio de CIDAC reveló que en México 40% de las personas en prisión están sin sentencia. Información del Estado mexicano proporcionada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a su vez, reconocía que en 2015 el 55% de las personas en reclusión se encontraban sin sentencia. Este escenario revela que en México la «prisión preventiva» se aplica de forma generalizada y abusiva.

En este contexto, los fallos recientes aseguran la presencia de las partes y el o la jueza, y que la resolución sea emitida de forma oral, bajo un análisis caso por caso y sustantivo, tomando distancia de las resoluciones formalistas. Debe ser, al mismo tiempo, una contribución para eliminar la «prisión preventiva» oficiosa, de forma que esta medida recupere su carácter excepcional en el sistema acusatorio y las personas que permanecen privadas de la libertad en procesos del sistema tradicional accedan a la protección judicial de la libertad personal y la presunción de inocencia.

Epílogo: Ayer se publicó la Opinión 66/2017 del Grupo de Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas [octubre 30, 2017] ―en la que el IJPP fue copeticionario―, donde se recomienda al Estado mexicano ordenar la libertad inmediata de Daniel García ―así como de Reyes Alpízar, otra persona bajo el mismo proceso―, al acreditarse el carácter arbitrario de su detención: Porque, en 2002, ambos fueron detenidos sin orden judicial y arraigados sin que hubiera pruebas en su contra; por la prolongación de 15 años de su juicio sin sentencia; por el uso de pruebas obtenidas bajo tortura, y por vulnerar la presunción de Inocencia.

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Modificado por última vez en Miércoles, 08 Noviembre 2017 10:23
Simón Hernández León

Es defensor de derechos humanos y activista mexicano, con formación en Derecho y Estudios Latinoamericanos. Actualmente se desempeña como consultor en el IJPP y articulista, y pertenece al Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social. Ha laborado en diversas organizaciones de la sociedad civil mexicanas. Contáctalo vía @simonhdezleon.

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