Martes, 25 Julio 2017

Viene al fin la UMECA Federal, pero no basta: Ocho recomendaciones

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En semanas pasadas se ha generado una serie de propuestas sobre posibles reformas al sistema de justicia penal. Una de ellas es la de aumentar el listado de delitos por los que procedería la «prisión preventiva» automática (oficiosa). Según sus promotores, esto permitiría evitar que las personas huyan mientras enfrentan un proceso penal.

Las figuras públicas que la apoyan prefieren modificar la norma a crear los programas necesarios para que el sistema penal acusatorio funcione. Los principios de este establecen que las decisiones judiciales son resultado del debate entre las partes. En el debate de medidas cautelares, particularmente, el ministerio público debe probar la necesidad de imponer una media para evitar, si es el caso, que la persona se fugue, interfiera con el proceso o ponga en riesgo a la persona víctima u ofendida, a testigos o a la comunidad. La «prisión preventiva» automática rompe con esta lógica porque excluye ese debate y se convierte en una pena anticipada, contraria al derecho internacional.

Para apoyar en la toma de decisiones sobre medidas cautelares y su supervisión se ha creado la figura denominada «unidad de medidas cautelares», que provee a las partes de información sobre los riesgos comunitarios de las personas y, si así procede, realiza la supervisión.

Aunque estas unidades enfrentan grandes retos ―que van desde falta de personal y presupuesto, hasta deficiente equipamiento―, reportan un grado de cumplimiento de medidas en libertad por parte de las personas bajo proceso penal superior al 90 por ciento.

Los titulares de los poderes ejecutivos deben poner atención para consolidar a las instituciones que conforman al sistema de justicia penal y no ignorar que es ahí donde está su responsabilidad para que funcione. Uno de los aspectos clave es el fortalecimiento de las unidades de medidas cautelares, no solo creando las que faltan ―incluida la federal―, sino dotar de los recursos necesarios y la metodología adecuada a las que hoy existen.

El 19 de julio [2017] la Secretaría de Gobernación publicó el «Acuerdo por el que se crea la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso», misma que dependerá de la Policía Federal. A partir de esto surgen interrogantes, por ejemplo, sobre cómo será conformada y se decidirá su ubicación.

Deben aplicar integralmente la metodología para medir riesgos procesales, sin confundirla con la de los «estudios de peligrosidad»

Esta unidad federal debe mantener la neutralidad y no investigar el delito sino las circunstancias de cada persona bajo proceso, para proporcionar información a las partes acerca de su arraigo comunitario. Deben crearse por ello mecanismos para evitar que se convierta en un ente auxiliar de la policía y para que la supervisión mantenga su enfoque basado en derechos humanos. Hasta el momento estos enfoques han funcionado en las unidades de los estados ―tanto en el sistema de adultos, como en el de adolescentes―, reportándose, como se ha dicho ya, altos índices de cumplimento de las medidas.

La creación por decreto de una unidad no basta para su debido funcionamiento, sino que depende de un proceso continuo de fortalecimiento, para lo cual es recomendable:

  1. Dotarla del personal y equipamiento adecuados para su óptimo funcionamiento ―es preocupante que, en Chihuahua, en vez de esto se dé la posibilidad de redireccionar su presupuesto hacia otras áreas del Tribunal Superior de Justicia, donde está adscrita
  2. Establecer un salario competitivo para el personal operativo ―en algunos estados no ocurre así
  3. Aplicar integralmente la metodología para medir riesgos procesales, sin confundirla con la de los «estudios de peligrosidad»
  4. Asegurar que cuando haya cambios de equipo directivo se mantenga dicha, evitándose procedimientos contradictorios
  5. Mantener un programa de formación continua del personal operativo y directivo
  6. Incorporar programas gubernamentales y de la sociedad civil a la supervisión
  7. Mantener actualizada la información para evaluar su funcionamiento
  8. Tomar las decisiones con base en dicha información

Vale insistir: En este caso, la simple creación de la unidad federal no es suficiente para asegurar su buen funcionamiento.

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Modificado por última vez en Martes, 01 Agosto 2017 10:32
Javier Carrasco Solís

Es director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal.

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