Martes, 18 Julio 2017

Sobre delitos graves, «prisión preventiva» y animales que se agitan como locos

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La arrebatada defensa de la distinción entre delitos graves y no graves para determinar la procedencia de «prisión preventiva» que están haciendo algunos políticos, me causa tanta perplejidad como a Foucault aquel texto de Borges en el que, citando una cierta enciclopedia china, se dice que «los animales se dividen en a] pertenecientes al emperador, b] embalsamados, c] amaestrados, d] lechones, e] sirenas, f] fabulosos, g] perros sueltos, h] incluidos en esta clasificación, i] que se agitan como locos, j] innumerables, k] dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, l] etcétera, m] que acaban de romper el jarrón, n] que de lejos parecen moscas».

Y es que clasificar es una operación lógica que ordena los objetos por características comunes y tiene determinadas reglas que permiten orientar el pensamiento; en lógica se recomienda que toda clasificación se siga según un determinado criterio que permita poner orden y abarcar, hasta donde sea posible, la totalidad de los objetos que pretenden ser clasificados, es decir, se trata de una herramienta que, entre más exhaustiva y ordenada, más clarificadora resulta.

La clasificación entre delitos graves y no graves para determinar el tipo de medidas cautelares aplicables a una persona en un proceso penal no reúne esas características. De entrada, habría que cuestionar la razonabilidad de tal distinción.

La existencia misma de una conducta merecedora de definición penal presupone su gravedad, toda vez que atenta contra bienes jurídicos que es necesario proteger por una vía tan extrema: La vida, la libertad, la integridad personal o el patrimonio, entre otros. Para que una conducta sea definida como delito debe ser grave y lesiva a la interacción social. Puede haber conductas más graves que otras, cierto, pero todas ellas, para ser merecedoras de una intervención de carácter penal, deben ser graves. Preguntemos a una persona con un ingreso mensual equivalente al salario mínimo si no considera grave que le destruyeran un automóvil usado que con tanto esfuerzo compró.

En todo caso, una cosa es la gravedad de una conducta delictiva y otra muy distinta el procedimiento para conocer si dicha conducta, en efecto, se produjo en la realidad y si la persona a la cual se atribuye es responsable de la misma. El procedimiento penal como mecanismo de conocimiento debe partir de ciertas salvaguardas; entre otras, que quien es sometido al procedimiento sea considerado ajeno a los hechos que se le imputan, es decir, debe presumírsele inocente. Esta presunción no solamente se relaciona con la manera en la que se recopila la investigación para tratar de derrotarla, sino con las reglas del trato procesal hacia ella.

El riesgo procesal es un criterio ordenador que permite, con claridad, dar cuenta de la justificación y las modalidades que deben tener las medidas cautelares; la gravedad del delito, no

En estricto sentido, solo la libertad es compatible con la presunción de inocencia, sin embargo, histórica y jurídicamente se ha considerado legítimo afectar excepcional y temporalmente la libertad, cuando está en riesgo el desarrollo del procedimiento penal mismo o se cuenta con información sobre el riesgo que la libertad de la persona imputada representa para las víctimas o la comunidad: Es el riesgo procesal y no la gravedad de la conducta lo que debe determinar la procedencia de la medida cautelar. Confundir ambas dimensiones merecería una nueva entrada en la enciclopedia china a la que alude Borges.

La clasificación entre delitos graves y no graves, así como los efectos procesales que se pretende atribuirle, profundiza una disonancia lógica que existe de por sí en el derecho constitucional de México. Hoy por hoy se busca adicionar el Artículo 19 constitucional ―que prevé una serie de delitos que ameritan «prisión preventiva oficiosa»― a otros que también darían lugar a la aplicación de esa medida, como portación de armas de uso exclusivo del Ejército, robo a casa habitación y de hidrocarburos, entre otros.

Pero si a proponer ampliaciones vamos, ¿por qué no incluir en el catálogo la tortura y la desaparición forzada de personas? ¿Es más grave introducirse furtivamente a una casa para extraer bienes que torturar o desaparecer a una persona? Como puede apreciarse, la clasificación se inunda por todas partes y no sirve para clarificar con un criterio preciso cuándo es preciso aplicar la «prisión preventiva» u otra medida cautelar.

Si alguna modificación debe hacerse a la Constitución para armonizar y consolidar el naciente sistema acusatorio con el derecho internacional y los derechos humanos, esta tiene que ver con la eliminación definitiva del catálogo de delitos graves para, en su lugar, establecer la regla general de que no habrá aplicación de «prisión preventiva» u otras medidas cautelares si no se acredita la necesidad de cautela, es decir, si no se aprecia un riesgo razonable de que la persona imputada no comparezca al proceso, afecte la investigación o haya riesgo para la víctima o la comunidad. El riesgo procesal es un criterio ordenador que permite, con claridad, dar cuenta de la justificación y las modalidades que deben tener las medidas cautelares; la gravedad del delito, no.

Tal vez habría que adicionar aquella improbable enciclopedia china con una nueva entrada: La de aquellos políticos que, próximas las elecciones, «se agitan como locos».

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Modificado por última vez en Martes, 18 Julio 2017 12:42
Juvencio Nava

Es profesor de derecho procesal penal.