Martes, 11 Julio 2017

¡Es una victoria para la presunción de inocencia!

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En un fallo histórico, a propuesta del ministro José Ramón Cossío la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que es constitucional, bajo el actual sistema acusatorio, la revisión de medidas cautelares ―particularmente la «prisión preventiva»― impuestas durante procesos penales del anterior sistema mixto o tradicional.

 La resolución se da a partir de la «Miscelánea Penal» (2016), paquete de reformas para homologar y sentar las bases operativas del sistema de justicia de corte acusatorio, adversarial y oral en el país. Desde entonces, el Código Nacional de Procedimientos Penales incluye el Artículo Quinto Transitorio, que habilita la revisión de las medidas cautelares decretadas por resolución judicial durante los procedimientos penales iniciados con base en las legislaciones procesales vigentes en el sistema mixto previo.

La disposición generó diversas interpretaciones por parte de las y los juzgadores tanto federales como del fuero común, que incluyeron desechar las solicitudes o resolverlas en incidentes no especificados, bajo la fórmula de contradicción escrita.

Posteriormente, al trascender al juicio de amparo también hubo criterios diferenciados. Un Tribunal Colegiado de la Ciudad de México, por ejemplo, sostuvo que la reforma constitucional de justicia de 2008 contenía una restricción procesal explícita para que cada sistema ―mixto o acusatorio― se resolviera conforme a sus respectivas normas y principios procesales, por lo que la habilitación del Artículo Quinto Transitorio era inconstitucional.

A su vez, un Tribunal Colegiado de Quintana Roo consideró válida la revisión y modificación de la «prisión preventiva» dictada bajo el sistema tradicional, mediante la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, reconociendo el carácter excepcional de la medida, la presunción de inocencia y la progresividad de los derechos humanos.

La revisión periódica y de oficio de las medidas que restringen la libertad personal es una obligación convencional ignorada en nuestro país

En nuestra opinión, la reforma constitucional de 2008 estableció un procedimiento regulado de manera genérica en cuanto a la tramitación de procesos del sistema tradicional hasta su conclusión y del acusatorio desde su vigencia. Sin embargo, tal regla debe ser interpretada de manera sistemática, a fin de respetar la presunción de inocencia de las personas procesadas y la libertad personal como un derecho no solo procesal sino protegido sustantivamente a nivel constitucional y convencional.

Si bien el Artículo Quinto Transitorio se encuentra en un nivel legal, la excepción que establece para la revisión y modificación de las medidas cautelares debe armonizarse con el principio propersona, de forma tal que la libertad personal y la presunción de inocencia impidan una aplicación mecánica de la «prisión preventiva» y permitan que esta se imponga bajo estricto control judicial.

 La sentencia de la Corte no implica que de forma automática las personas sujetas a proceso penal sigan sus procesos en libertad, como se ha difundido erróneamente. Significa, sí, que tienen el derecho a la revisión, sustitución, modificación o cese de la «prisión preventiva». Como correlato, el ministerio público tendrá que justificar y debatir en cada caso la necesidad de dicha medida.

 Finalmente, las y los jueces tendrán un rol más activo en la determinación de las medidas cautelares, valorando su duración, razonabilidad, necesidad e idoneidad, y si subsisten los motivos que dieron lugar a su imposición. Es importante destacar que la revisión periódica y de oficio de las medidas que restringen la libertad personal es una obligación convencional ignorada en nuestro país.

 Esta sentencia de la Corte se da en un contexto de crítica infundada al sistema de justicia penal acusatorio, responsabilizándolo por el aumento en la incidencia delictiva y permitir un mecanismo de «puerta giratoria», crítica que deriva de análisis simplistas y de ver los derechos humanos como obstáculo, asociándolos con la criminalidad, que exige mano dura pero no está dispuesta a someter al poder público a controles democráticos. Dicha sentencia es una victoria para la presunción de inocencia y para posibilitar que no siga tratándose como responsables a personas cuyos procesos penales no han concluido.

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Modificado por última vez en Martes, 18 Julio 2017 11:35
Simón Hernández León

Es defensor de derechos humanos y activista mexicano, con formación en Derecho y Estudios Latinoamericanos. Actualmente se desempeña como consultor en el IJPP y articulista, y pertenece al Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social. Ha laborado en diversas organizaciones de la sociedad civil mexicanas. Contáctalo vía @simonhdezleon.