En este modelo participa un equipo multidisciplinario, formado por el juez de control que preside las sesiones o las audiencias, el fiscal, el defensor, la persona imputada, un psicólogo, representantes del área de salud, un supervisor y la policía.
Para ser admitida en el programa la persona imputada debe cumplir con ciertos criterios, luego de lo cual el equipo se reúne con frecuencia para analizar el avance del tratamiento y tomar decisiones si identifica incumplimiento.
El modelo impone varios desafíos y la interrogante ha sido siempre sobre su grado de efectividad para lograr que alguien bajo proceso supere su adicción.
Los argumentos a favor sostienen que las personas se someten voluntariamente a tratamiento y superan la adicción; que disminuyen la reincidencia entre quienes utilizan sustancias y el uso de la prisión, y que este tipo de programas las acerca a servicios comunitarios. Estudios en contra, sin embargo, sostienen que no existen los programas suficientes y que un tratamiento por orden judicial no es voluntario y por ello produce el efecto contrario.
Physicians for Human Rights (Médicos por los Derechos Humanos) publicó recientemente el informe Neither Justice nor Treatment [junio 2017], sobre el tratamiento de personas imputadas a través de los TTA (Drug Courts, se le denomina en Estados Unidos) en los estados de Florida, New Hampshire y New York.
Al evaluar la disponibilidad y calidad del tratamiento, encontró obstáculos importantes. En muchos casos los funcionarios judiciales, sin formación médica, ordenaron un tratamiento inapropiado, sin contar con evidencia objetiva, o un tratamiento obligatorio para quien no lo necesitaba.
Physicians for Human Rights publicó recientemente un informe… cuyos resultados muestran preocupación por la violación de derechos como la privacidad, confidencialidad y voluntariedad, además de que las personas fueron tratadas como delincuentes
En todos los casos los resultados muestran preocupación por la violación de derechos humanos como la privacidad, confidencialidad y voluntariedad para someterse a un tratamiento, además de que las personas fueron tratadas como delincuentes y castigadas de algún modo por sus problemas médicos, como si eso fuera un delito.
El informe concluye que en dichos estados los TTA fracasaron en brindar tratamiento a quienes verdaderamente lo necesitaban y los programas llenaron los espacios, de suyo limitados, para atender a personas enviadas por el juez que no siempre lo requerían. Y en relación a la voluntariedad, que un número significativo de participantes sintió presión para someterse a los programas, buscando eludir procedimientos penales complejos.
En Estados Unidos funcionan más de 3,100 programas de TTA y en los últimos años se promueve su implementación a nivel mundial, lo cual incluye a México y América Latina: Antes de que sean tomadas decisiones de política pública al respecto ―lo cual impactará en la salud de las personas, sus derechos y el presupuesto― es indispensable analizar las experiencias, posturas y recomendaciones de especialistas.
A propósito, entre las recomendaciones del informe de Physicians for Human Rights destacan las de admitir a personas que representan un riesgo procesal alto, con base en sus necesidades médicas, y no solo en criterios legales; eliminar sanciones por recaídas; crear programas de tratamiento especializados; que el sector salud se encargue de todo esto, y reevaluar la política de los delitos por posesión.
Es importante que en México haya un verdadero debate sobre esta controversial figura.
Consulta también:
- «Publicado primer boletín de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democratización de la Justicia»*
- Informe: Neither Justice nor Treatment. Drug Courts in the United States
- «Ojo a los jueces: Los Premios Género y Justicia al Descubierto», de Isabel Martins Barbosa, en +Justicia
- «Expectativas del sistema de justicia penal», de Manuel Vélez, en +Justicia
- «Ganarle al crimen el mercado de drogas»*
- «El "delito" de fumar mariguana»*
- «Reforma penal, un paso atrás»*
