Martes, 04 Abril 2017

A propósito de la Ley de Seguridad Interior

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Desde principios de este año se discuten en el Congreso dos iniciativas presentadas por diputados del PRI y el PAN para regularizar la intervención de las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina y Fuerza Aérea) en la estrategia de Seguridad Nacional, mediante una Ley de Seguridad Interior que pretenden aprobar antes del 30 de abril.

Durante la última década, la inclusión del Ejército en tareas de seguridad pública, como parte de la estrategia de combate al narcotráfico, ha implicado el uso de la fuerza bajo una lógica de guerra, contraria a los estándares internacionales de derechos humanos y los principios constitucionales de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad, provocando, entre otros factores, la situación de violencia generalizada y la crisis de derechos humanos actuales.

El argumento de los actores estatales que promueven la Ley de Seguridad Interior es claro: La capacidad de las instituciones de seguridad pública llegó a su límite; estas se hallan imposibilitadas para combatir con eficacia la delincuencia organizada, por lo que es necesario un marco jurídico que faculte al Ejército para apoyar a las autoridades civiles en su mandato constitucional o, mejor dicho, para que continúe haciéndolo con mayor margen.

Según esto, la «criminalidad» supera la capacidad de la policía y el sistema de justicia penal para garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos de la sociedad mexicana.

El derecho crea realidades…

Una alternativa a la militarización de la seguridad implica la transformación de la perspectiva punitiva del comercio y consumo de drogas; políticas de salud púbica para atender el consumo problemático de substancias, y la permisión del consumo en el ejercicio del derecho a la autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad.

Jurídicamente, la guerra contra las drogas se legitima en el derecho penal que tipifica como delitos contra la salud el tráfico, siembra, posesión, venta y compra de drogas ilícitas. Además de convertir en «criminales» a un gran sector de la población dedicada a ello, la actual política de drogas genera que las actividades de producción y comercio de tales sustancias se realicen de manera clandestina, fomentando la violencia como medio de supervivencia, para incrementar y asegurar ganancias económicas, y de control territorial.

En la medida en la que nuestras normas fundamenten este marco de prohibición, crean ese contexto francamente bélico que la Ley de Seguridad Interior pretendería erradicar.

Una alternativa a la militarización de la seguridad pública ―además de la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública y la atención a la agenda pendiente en materia de derechos humanos― implica la transformación de la perspectiva punitiva del comercio y consumo de drogas; políticas de salud púbica para atender el consumo problemático de substancias, y la permisión del consumo en el ejercicio del derecho a la autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad.

No podemos resignarnos a vivir en guerra ni acostumbrarnos a dogmas jurídicos que atentan contra la dignidad humana.

Fuentes de información:

Consulta tambien:

Modificado por última vez en Lunes, 15 Mayo 2017 10:13
Melissa Zamora Vieyra

Estudia en la Facultad de Derecho de la UNAM y pertenece a Litigio Estratégico en Derechos Sexuales y Reproductivos, AC. Contáctala vía @Otroderecho

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