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Martes, 28 Marzo 2017

Los Jueces de ejecución y las personas con discapacidad en la jurisprudencia de la Corte IDH

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Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estudió la figura del/la juez de ejecución en el caso «Chinchilla Sandoval y otros vs. Guatemala», analizando su responsabilidad de garantizar y respetar los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

Los hechos se relacionan con la situación de María Inés Chinchilla Sandoval, quien cumplía sentencia en el Centro de Orientación Femenino en Guatemala cuando murió, tras una caída, el 25 de mayo de 2004.

La mujer padecía diabetes mellitus e hipertensión arterial, lo cual provocó que le amputaran una pierna y la disminución de la vista. Aunque era atendida por personal médico del Centro y en hospitales públicos, dicha atención no era adecuada, en parte por la falta de mecanismos de supervisión internos y externos.

Ella promovió cuatro incidentes de libertad anticipada ante el Juzgado de Ejecución, que le fueron negados, arguyendo que no cumplían los requisitos legales e ignorando su situación.

Dado lo anterior, la Corte IDH declaró responsable al Estado de Guatemala por violar sus derechos a las garantías judiciales y de protección judicial, considerando que ante la falta de mecanismos de supervisión de los servicios de salud en el Centro, el juez de ejecución debió aplicar un control de convencionalidad, al estar en posibilidad de «garantizar una protección judicial con las debidas garantías a la señora Chinchilla, en relación con el deterioro de su salud y con su discapacidad sobrevenida, particularmente ante las falencias en el tratamiento médico» (p. 82).

Además, la Corte expuso que dicho juez se limitó a establecer en los incidentes si procedía la libertad anticipada, sin realizar la fundamentación adecuada sobre la capacidad del Centro para atender las enfermedades de la señora Chinchilla y si estaba en condiciones dignas en razón de su discapacidad.[1]

La sentencia en el caso «Chinchilla Sandoval vs Guatemala» muestra la importancia del respeto a los derechos humanos en la ejecución penal y el papel fundamental de los y las juezas responsables de esta etapa para evitar que la privación de libertad exceda el inevitable sufrimiento inherente a la detención

La relevancia del caso parte de que los jueces de ejecución protejan efectivamente, dentro de sus competencias, los derechos humanos de las personas privadas de libertad, pues en tal circunstancia el Estado tiene una especial posición de garante al ejercer fuerte control sobre las personas que custodia,[2] las cuales se hallan, de facto, en situación de vulnerabilidad, debido al desequilibrio de poderes creado por la detención misma.[3]

Es por lo anterior que en su sentencia la Corte hace énfasis en los siguientes puntos relativos al desempeño de las y los jueces de ejecución:

  • Al tomar sus decisiones considerarán las particularidades sobre la condición de vulnerabilidad de las personas, para evitar la violaciones de sus derechos humanos.[4] Por ejemplo, si hay daño a la integridad personal y el encierro no permite el disfrute de este derecho, deben buscar medidas alternativas a la prisión, sin que ello implique la extinción de la pena.[5] Y tratándose de personas con discapacidad, vigilarán que se les den ajustes razonables y accesibilidad en las prisiones, para evitar mayor sufrimiento.
  • Decidirán, además, con base en la más amplia valoración de elementos probatorios ―periciales, inspecciones judiciales…―, de modo que se refleje en el fallo una debida motivación.

La figura del/la jueza de ejecución existe en varios países latinoamericanos. En México recientemente se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuyo Artículo 25, fracción I, señala que su función es la de garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad reconocidos en la legislación nacional y los tratados internacionales, incluyendo la aplicación del control de convencionalidad.

La sentencia en el caso «Chichilla Sandoval vs Guatemala» muestra la importancia del respeto a los derechos humanos en la ejecución penal y el papel fundamental de los y las juezas responsables de esta etapa para evitar que la privación de libertad exceda el inevitable sufrimiento inherente a la detención.


[1] Corte IDH. Caso «Chinchilla Sandoval y otros vs. Guatemala». Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de febrero de 2016. Serie C No. 312.

[2] Corte IDH. Caso «Neira Alegría y otros vs. Perú». Fondo. Sentencia de 19 de enero de 1995. Serie C No. 20 y Caso «Vélez Loor Vs. Panamá». Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 198.

[3] Asociación para la Prevención de la Tortura, Personas privadas de libertad, disponible en internet http://www.apt.ch/es/vulnerabilidades-en-la-detencion

[4] Voto Razonado del juez Ferrer Mcgregor, Corte IDH. Caso «Chinchilla Sandoval y otros vs. Guatemala». Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de febrero de 2016. Serie C No. 312. pág. 23

Modificado por última vez en Viernes, 07 Abril 2017 10:12