Martes, 21 Febrero 2017

El Decálogo de la Regresión: Aumento de la «prisión preventiva» oficiosa

Por Javier Carrasco Solís
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¿Otra iniciativa de reforma regresiva? ¡Así es! El 9 de febrero pasado dos diputados del PRI presentaron una iniciativa para reformar, entre otras leyes, el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que ya se conoce como la segunda miscelánea penal. Durante las siguientes semanas analizaremos los puntos que consideramos regresivos: El primero implica el aumento de los delitos donde procederá «prisión preventiva» oficiosa.

La iniciativa sostiene que es necesario aumentar el listado de delitos del Artículo 167, del CNPP, «debido a su alto nivel de peligrosidad, incidencia y repercusión social como meritorios de la máxima medida cautelar». Asimismo, argumenta que la procedencia de «prisión preventiva» oficiosa es congruente con la gravedad de la conducta delictiva.

Los delitos propuestos para esta reforma son los siguientes: Portación y acopio de armas de uso exclusivo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada; tráfico de personas; sustracción de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, y financiamiento al terrorismo.

Esta iniciativa, tanto como su justificación y el análisis con base en el cual sostiene que los instrumentos internacionales permiten limitar la libertad personal, contradice los estándares internacionales y la naturaleza de las medidas cautelares, por las siguientes diez razones:

  1. Dichos estándares admiten que la libertad personal sea limitada durante la fase procesal, siempre y cuando se respete la presunción de inocencia, y la medida sea excepcional y racional. Crear un listado de «prisión preventiva» oficiosa incumple con este estándar de excepcionalidad.
  2. En diversas sentencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que la restricción de la libertad personal, a través de la «prisión preventiva», será impuesta de manera excepcional, únicamente cuando exista riesgo de sustracción u obstaculización, mientras que cuando se utiliza solo con base en la clasificación del delito o por su «gravedad», se convierten en medida punitiva.
  3. La naturaleza de las medidas cautelares es procesal: Tiene como función la de garantizar el proceso. Estas medidas son un mecanismos para asegurar la comparecencia y cuando se compruebe objetivamente que la persona imputada podría interferir en el proceso o poner en riesgo a la persona víctima u ofendida, a testigos o a la comunidad.
  4. Las medidas cautelares no son penas anticipadas, mecanismos para prevenir el delito o responder a la alarma social, ni se imponen por razones de «peligrosidad».
  5. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es su informe sobre «prisión preventiva» de diciembre de 2013, asienta que «Toda disposición que ordene la aplicación obligatoria de la prisión preventiva por el tipo de delito deberá́ ser derogada».
  6. En marzo de 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo una audiencia temática contra México, donde reiteró su recomendación para la eliminación de la «prisión preventiva» oficiosa.
  7. México es el único país de la región, y probablemente del mundo, que incluye en su Constitución un listado de delitos por los que procede esta medida cautelar en automático.
  8. En diciembre de 2016, un grupo de senadores y senadoras presentaron una iniciativa para reformar el Artículo 19 constitucional, donde proponen justo eliminar la «prisión preventiva» oficiosa.
  9. El razonamiento de la reforma constitucional de 2008 al incorporar la lista de «delitos graves» en el Artículo 19 era evitar que en las leyes se aumentara dicha lista para la procedencia de esta medida cautelar.
  10. La iniciativa, en fin, no se basa en evidencia estadística, sino en argumentos subjetivos, peligrositas y de alarma social, que desnaturalizan las medidas cautelares.

La ley no puede seguir sufragando la falta de capacidad de los operadores y, con ello, tergiversando el sentido jurídico de las medidas cautelares

La evidencia objetiva existente hasta ahora muestra que más del 90% de las personas que enfrentan procesos penales en el sistema acusatorio está cumpliendo con las restricciones impuestas por las y los jueces.

La decisión para imponer una medida cautelar debe basarse en información veraz que se debata en audiencia. La ley no puede seguir sufragando la falta de capacidad de los operadores y, con ello, tergiversando el sentido jurídico de las medidas cautelares.

Por estas razones, la iniciativa priísta para reformar el CNPP constituye el Decálogo de la Regresión.

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Modificado por última vez en Martes, 18 Julio 2017 11:34