Martes, 14 Febrero 2017

#FiscalíaQueSirva en la Ciudad De México

Por Alberto Toledo Urbina
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La Constitución de la Ciudad de México ha dado un gran paso al regular la creación de una fiscalía que realmente sea capaz de resolver los casos, obtener reparación del daño a las víctimas, castigar a las personas culpables de delitos que más lesionan a la sociedad e impedir la impunidad en delitos cometidos por políticos y otros actores poderosos.

Como lo han señalado varias personas y organizaciones de la sociedad civil pertenecientes al movimiento #FiscalíaQueSirva, las procuradurías ―especialmente la General de la República― sufren de una crisis de legitimidad derivada de su incompetencia para la persecución penal, resistencia al cambio impuesto por el sistema de justicia penal acusatorio y falta de capacidad para perseguir a políticos corruptos y otras personas que pueden comprar impunidad.

Es cierto que en 2014 se reformó la Constitución federal para dotar a la PGR de autonomía a partir de 2018 y que varios estados han seguido esa línea con sus fiscalías; sin embargo, esos cambios han sido criticados porque las reformas permiten que las nuevas instituciones hereden el personal y los recursos de sus antecesoras, perpetuando los vicios y convirtiendo dichas reformas en un mero cambio de nombre.

Afortunadamente, en la Constitución de la CDMX se recogieron las inquietudes de #FiscalíaQueSirva. La doctora Ana Laura Magaloni, una de las principales promotoras del movimiento, fue nombrada como diputada del Congreso Constituyente y desde ahí propuso iniciativas y defendió que se regularan las características de la nueva fiscalía de la ciudad.

Debemos esperar que estos cambios sean un ejemplo para que a nivel federal y en otros estados se reformen los procesos de creación de las nuevas fiscalías. Lo que está en juego para contar con fiscalías que sirvan es demasiado importante.

Entre los cambios positivos aprobados en la nueva Constitución podemos señalar los siguientes:

  1. La fiscalía tendrá la obligación de crear un plan de política criminal, el cual será presentado al Congreso local cada año. Esto es importante porque hasta ahora ese plan suele no existir en las fiscalías, donde además no son claras las formas en las que racionalizan sus recursos y fijan sus metas para centrarse en los delitos que más lesionan a la sociedad. Con esta herramienta por fin podremos evaluar su desempeño y conocer sus prioridades en el combate a la inseguridad.
  2. Todo el trabajo de la fiscalía se regulará por lineamientos y protocolos precisos, desde las detenciones y cadenas de custodia, hasta los tipos de soluciones que se darán a los casos, pasando por los controles necesarios para respetar los derechos humanos de las personas víctimas e imputadas. De nuevo, esto es significativo porque muchas procuradurías trabajan sin tales guías, lo cual puede obstaculizar su buen desempeño y la evaluación ciudadana.
  3. La transición asegurará que no se hereden los recursos de la Procuraduría y, en cambio, se inicie con buenas prácticas y personal capacitado. Una comisión técnica independiente dirigirá este proceso, que será financiado con una partida presupuestal. Los fiscales serán seleccionados mediante concursos de oposición que medirán si cuentan con las habilidades necesarias para hacer su trabajo correctamente. Cualquier abogado podrá presentarse a concurso con igualdad de oportunidades, ya que se brindará un curso intensivo de cinco meses antes del examen y los participantes recibirán un estipendio durante ese tiempo. Además, se faculta a la comisión técnica para seleccionar al resto del personal administrativo y de apoyo mediante criterios establecidos por ella.
  4. Existirá una unidad de combate a la corrupción interna y a la infiltración de la delincuencia organizada, lo que constituye un gran progreso para evitar estos problemas que restan credibilidad a las fiscalías existentes hasta ahora.
  5. Por último, la fiscalía será independiente frente a presiones políticas y contará con completa autonomía. El Ejecutivo no elegirá al fiscal general, sino que este será propuesto por un Consejo Judicial independiente y nombrado por el Congreso local. Su permanencia en el cargo será transexenal, quedando sujeto a una ratificación por dicho Congreso a la mitad de su mandato. Además, el personal estará protegido por un servicio profesional de carrera.

Debemos esperar que estos cambios sean un ejemplo para que a nivel federal y en otros estados se reformen los procesos de creación de las nuevas fiscalías. Lo que está en juego para contar con fiscalías que sirvan es demasiado importante.

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Modificado por última vez en Lunes, 03 Julio 2017 10:50