Martes, 07 Febrero 2017

La incesante batalla por los derechos humanos

Por Christian Eduardo Díaz Sosa
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Hay gran diversidad de investigaciones sobre la génesis, evolución e importancia de los derechos humanos, cuyo punto de convergencia afirma que su respeto y práctica efectiva es la mejor expresión de un sistema político democrático.

Teóricamente, la democracia es un sistema político delimitado por leyes donde se estipulan los deberes y prácticas que ejecuta el Estado de Derecho, y que se cristalizan en los derechos humanos.

Podríamos afirmar que el objetivo de todo régimen democrático consiste en la mejora paulatina de la vida de las personas. Sin embargo, es posible identificar ciertos desfases entre lo establecido teóricamente y la práctica.

En teoría, la Constitución, el Estado de Derecho, los derechos humanos y la rendición de cuentas establecen múltiples conexiones entre sí que fundamentan la democracia. No obstante, llevar esto a la práctica exhibe problemas que evidencian la debilidad estatal.

Los derechos humanos son resultado de una lucha popular que implica al mismo tiempo las obligaciones del Estado para protegerlos y arraiguen una cultura y un ejercicio real de protección y promoción, lo cual exige, a su vez, un entramado institucional.

¿Qué hacer? No renunciar a la lucha ciudadana por la reivindicación de los derechos humanos, una lucha cultural y jurídica que debe ser conquistada de forma constante.

No podemos negar los avances que México ha tenido en esta materia ni soslayar que hoy son un indicador de gobernabilidad democrática; pero tampoco los gravísimos problemas por los que atraviesan las instituciones responsables de protegerlos. Hablar de la defensa de los derechos humanos es hablar de las causas que los impulsan y que, invariablemente, tienen que ver la reivindicación de justicia y dignidad.

La discusión sobre los derechos humanos ganó la batalla de las ideas y se fijó como indicador de gobernabilidad democrática en el siglo XX. Esto establece un parteaguas en la historia por la reivindicación de tales derechos, pues representa un cambio de paradigma debido a la creación de instrumentos internacionales, regionales y nacionales. Nunca habían existido tantos y tan diversos instrumentos jurídicos formales para proteger tales derechos.

Al día de hoy México ha firmado más de 200 tratados internacionales al respecto, creado más de 500 entidades públicas para tutelar derechos, aprobado más de 300 leyes y, más importante aún, el principio que daba sustento a la Constitución sobre la igualdad ante la ley ha sido sustituido por uno nuevo que considera la condición específica sobre la cual se ejercen los derechos, debido a una condición social de desventaja (personas homosexuales, indígenas, mujeres…) donde las personas necesitan ser protegidas por el Estado a través de instrumentos públicos determinados.

Sin embargo, la aplicación de esto dista de ser eficiente y suficiente, lo cual plantea un problema aún mayor que radica en la configuración del Estado y en lo que ocurre con el régimen democrático, inmerso en una grave crisis de representatividad y de confianza en las instituciones que la encausan, como los partidos políticos, las cámaras legislativas y los sindicatos. Lo anterior dificulta que quien se siente agraviado por la violación de algún derecho acuda a las instituciones formales del Estado, prefiriendo, en el mejor de los casos, acercarse a las organizaciones de la sociedad civil.

¿Qué hacer? No renunciar a la lucha ciudadana por la reivindicación de los derechos humanos, una lucha cultural y jurídica que debe ser conquistada de forma constante.

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Modificado por última vez en Miércoles, 08 Febrero 2017 14:14

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