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Martes, 10 Enero 2017

La pista del dinero

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El éxito de una política pública radica, entre otros aspectos, en el adecuado seguimiento, control, monitoreo y evaluación de los recursos públicos. Es decir, que haya coherencia entre las decisiones y acciones de gobierno. No asumo con esto que el diagnóstico o el diseño de dicha política sea menos importante, solo subrayo la importancia de indicadores que permitan conocer el grado de avance, la eficiencia y el desempeño institucional.

Tras años de creciente inseguridad, corrupción e impunidad, en 2008 tuvo lugar la reforma constitucional de seguridad y justicia, que planteó la reestructuración de la policía, el ministerio público, la defensoría y los juzgados, así como del procedimiento penal.

Para ello se implementaron sucesivamente dos programas federales: El P-010 Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal, en 2010, y el U-004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal, en 2012, a cargo de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal ―acerca del segundo no existe información disponible en transparencia presupuestaria.

Ana Aguilar García escribe que el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, emitido por la Auditoria Superior de la Federación en 2012 para el programa P-010 Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal, arroja fallas importantes, tales como incumplimiento de los criterios de asignación de recursos, concesiones de partidas presupuestales incongruentes, incorrecta comprobación de fondos e irregularidades en la celebración de convenios.

La intervención de tres niveles de gobierno en esta reforma dificulta el equilibrio institucional y el funcionamiento difiere por entidad federativa, pero también es evidente la falta de convergencia entre los actores

Complementariamente, en 2014 se realizó una evaluación de consistencia y resultados del mismo programa, encontrándose que carecía de una evaluación de impacto y que no había información de programas similares.

Por su parte, desde 2014 el Centro de Investigación para el Desarrollo, AC, mide el avance en la implementación y operación del sistema de justicia penal, cuyos resultados aparecen en Hallazgos 2015. Evaluación de la Implementación y Operación a ocho años de la reforma constitucional en materia de justicia penal, y muestran síntomas preocupantes en transparencia y acceso a la información. Por ejemplo, alrededor del 80% de las preguntas realizadas (9,728) por medio de solicitudes de información no fueron contestadas, además de que había información contradictoria entre entidades federativas.

La intervención de tres niveles de gobierno en esta reforma dificulta el equilibrio institucional y el funcionamiento difiere por entidad federativa, pero también es evidente la falta de convergencia entre los actores.

Formalmente, la implementación de la reforma mencionada concluyó hace medio año, en julio pasado. Es deseable que se mejore y amplíe la evaluación de impacto, y que haya un riguroso proceso de monitoreo y seguimiento, lo que nos permitirá a los mexicanos saber exactamente en qué y cómo se utilizan los recursos públicos, y sus frutos.

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Modificado por última vez en Martes, 10 Enero 2017 11:08

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