Martes, 13 Diciembre 2016

Expectativas del sistema de justicia penal

Por
Valora este artículo
(1 Voto)

El 11 de noviembre di una plática a un grupo de la materia Ciudadanía y Democracia en el Tec de Monterrey Ciudad de México,[1] para exponer las condiciones de seguridad y justicia prevalentes en el país, así como el trabajo del Observatorio Nacional Ciudadano.

Una alumna preguntó si el sistema de justicia penal ayudaría a reducir los niveles de impunidad, a lo cual respondí que es un deseo personal el que dicho sistema contribuya a mejorar de manera sustantiva la calidad de la procuración e impartición de justicia, aunque ―como lo ha sido señalado el CIDAC a través de su Proyecto Justicia― durante la etapa de implementación hubo deficiencias importantes en términos de coordinación institucional, además de cambios constantes de autoridades y un grado de avance sumamente desigual entre entidades federativas.

Como sea, la etapa de consolidación de dicho sistema ha comenzado y, según informó Álvaro Vizcaíno, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hay por lo menos diez acciones prioritarias que deben emprenderse para ello. Estas abarcan desde la simplificación del Informe Policial Homologado, hasta la operación de un sistema de indicadores que evalúe su operación. Tales aspectos sugieren que el cumplimiento de las promesas de un México menos impune y el funcionamiento óptimo del sistema aún son lejanas, pero posibles.

En términos del marco conductual provisto por la teoría económica del crimen, el cambio de sistema de justicia penal afecta dos variables fundamentales: la certeza y la severidad del castigo

Una de las primeras contradicciones del sistema fue comentada por el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, en una entrevista reciente, cuando afirmó que «el nuevo sistema acusatorio ha permitido muchas salidas de prisión, menos prisión preventiva y más personas en la calle que antes estaban en prisión. Yo empecé en el gobierno con 42 mil presos, hoy hay 32 mil, o sea 10 mil menos, o 10 mil más en la calle». Y añadió que se ha vuelto más complicado castigar con la privación de libertad a una persona que delinque.

En términos del marco conductual provisto por la teoría económica del crimen, el cambio de sistema de justicia penal afecta dos variables fundamentales: la certeza y la severidad del castigo. De acuerdo con Lochner (2007), gran parte de los modelos asumen que las personas responden a cambios en las tasas de arrestos y sentencias factuales o percibidas, de tal suerte que un decremento (o incremento) temporal de la certeza del castigo puede afectar las tasas delictivas de manera sostenida. La formación de creencias en torno a las probabilidades de arresto es crucial para determinar la trayectoria criminal de una persona, por lo que no importaría tanto la tasa global de arrestos como las experiencias personales ante el sistema de justicia.

De lo anterior se apuntala la importancia de lograr su consolidación pronta y eficaz, como una de las primeras señales de lo que podría suceder si dejamos nuevamente esta tarea en el olvido.


[1] Agradezco al Dr. Alberto Hernández por esta oportunidad. 

Modificado por última vez en Miércoles, 22 Febrero 2017 10:09
Manuel Vélez

Es coordinador de Estudios Especiales del Observatorio Nacional Ciudadano. Contáctelo vía @VelezManuel y @ObsNalCiudadano.

Deja un comentario

Asegúrate de llenar la información requerida marcada con (*). No está permitido el código HTML. Tu dirección de correo NO será publicada.