×

Advertencia

JUser: :_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 96951

Warning: file_get_contents(http://graph.facebook.com/?ids=http://ijpp.mx/justicia/item/1446-la-persistencia-de-un-sistema-de-justicia-penal-excluyente): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/ijpp17/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 762
Martes, 29 Noviembre 2016

La persistencia de un sistema de justicia penal excluyente

Por
Valora este artículo
(1 Voto)

Miguel, quien tiene discapacidad intelectual moderada, fue acusado de robar un par de manzanas en una tienda de autoservicio. Después de ser golpeado por el guardia de seguridad privada y llevado a la agencia del ministerio público, donde permaneció atado de manos y pies, fue sometido a una valoración psiquiátrica que lo halló no apto para declarar ni comprender los supuestos actos cometidos.

Así, fue declarado inimputable en razón de su discapacidad y trasladado al Centro Varonil de Readaptación Psicosocial, donde cumple una medida de seguridad de cuatro años y medio.

Como la gran mayoría de las personas inimputables, Miguel no pudo declarar, y nunca conoció a su defensor público, ni al juez que dictó su sentencia y lo condenó a cumplir una sanción en una prisión en la que se le suministra tratamiento médico forzoso.

Es una de las miles de personas con discapacidad psicosocial o intelectual declaradas inimputables que son enviadas a centros de reclusión. Porque si bien la inimputabilidad en los códigos penales estatales implica la exclusión de responsabilidad penal, no significa que no sean juzgadas ni sancionadas. Por el contrario, se les somete a un procedimiento penal carente de garantías procesales, que culmina con la imposición de una medida de seguridad fundada en estereotipos: El supuesto peligro que todas las personas con discapacidad psicosocial e intelectual representan para la sociedad, o para sí mismas.

Así, el procedimiento especial para personas inimputables implica la negación de una serie de derechos básicos, como los de: a) Elegir libremente una defensa; 2) rendir declaración y ejercer contradicción respecto de las acusaciones sostenidas, y 3) apelar la sentencia en su contra.

Esto refleja que nuestro sistema de justicia penal sigue confundiendo la «capacidad mental», definida como la aptitud de una persona para adoptar decisiones, con el concepto de «capacidad jurídica», que es la de ser titular de derechos y obligaciones, y poder ejercerlos. Tal confusión tiene como principal consecuencia que cuando se considera que una persona tiene una «aptitud deficiente», debido a una discapacidad intelectual o psicosocial, se le anula la posibilidad de participar en su juicio y contar con las mismas garantías procesales que cualquier otra acusada.

Por ello es posible afirmar que la inimputabilidad y las medidas de seguridad contenidas en la legislación penal constituyen el legado de un pasado excluyente, que vinculó la discapacidad psicosocial e intelectual con la «peligrosidad» o con necesidades proteccionistas. Estos instrumentos legales perpetúan prejuicios y estereotipos, legitimando la marginalidad y la exclusión social, lo cual coloca a las personas con discapacidad que enfrentan un proceso penal en estado de indefensión y vulnerabilidad.

Consulta también:

Modificado por última vez en Lunes, 09 Octubre 2017 11:10