Martes, 15 Noviembre 2016

Uso del derecho penal para criminalizar la protesta

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La protesta social tal vez no suene a un derecho, lo cual puede deberse a que en las normas no es posible encontrarlo de forma literal, sino que en realidad se conforma de otros, las libertades de expresión y reunión. También se resta importancia a su ejercicio y garantía, pues la mayoría de las veces solo se discuten los inconvenientes que produce.

Sin embargo, es un pilar de la democracia. Habitualmente se le utiliza como mecanismo de exigibilidad de otros derechos, por personas a las que se les dificulta hacer llegar sus demandas al debate público.[1] Para diversos grupos, es el único modo de visibilizar su lucha: En México tenemos, como ejemplo, los casos del Acueducto Independencia y la tribu Yaqui, o el de los otomís en Xochicuautla.

Hay diversas formas directas e indirectas de limitar la protesta social. De las primeras, una muestra es la sobrerregulación de las manifestaciones pacíficas, mediante una normatividad que impone trabas, como permisos u horarios. Entre las limitaciones indirectas destacan la regulación del uso de la fuerza y sanciones administrativas, civiles y penales. La criminalización ocurre cuando se reprime la protesta,[2] se utiliza indebidamente el derecho penal[3] o se despliega un discurso enfocado en desprestigiar a las personas o causas que la motivaron. El proceso criminalizante suelen iniciarse con denuncias públicas o penales infundadas.

Denunciar la criminalización de la protesta social es hoy tan importante, porque además la concentración de la riqueza y la creciente distancia entre los funcionarios públicos y los ciudadanos hace casi inevitable transitar por caminos extrainstitucionales para exigir derechos básicos

De acuerdo con Rodrigo Uprimmy y Luz María Sánchez Duque,[4] la criminalización de la protesta social a través del derecho penal puede ser clasificada en tres tipos:

  1. La tipificación de conductas que no deberían ser reguladas por el derecho penal.
  2. Delitos que no necesariamente regulan la protesta y podrían justificarse, pero cuya aplicación es tan amplia e indeterminada, que pueden utilizarse para criminalizar la protesta social.
  3. Delitos donde la pena prevista es desproporcionada respecto de la conducta regulada.

El uso arbitrario del derecho penal constituye un problema particularmente grave en Estados como el nuestro, donde los derechos humanos no suelen ser garantizados de manera efectiva. Es por ello que denunciar la criminalización de la protesta social es hoy tan importante, porque además la concentración de la riqueza y la creciente distancia entre los funcionarios públicos y los ciudadanos hace casi inevitable transitar por caminos extrainstitucionales para exigir derechos básicos. Cualquier persona, un día cercano, puede verse en la necesidad de ejercer este derecho y es fundamental que tenga las garantías para manifestarse sin miedo a esta forma de represión.


[1] Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social. “Control del espacio público. Informe sobre retrocesos en las libertades de expresión y reunión en el actual gobierno”, abril, 2014.

[2] Zaffaroni, E. Raúl. “Derecho penal y protesta social”, disponible en https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/contextos/article/view/2823/2628, p. 2.

[3] CIDH. “Informe sobre la Criminalización de la labor de las y los defensores de derechos humanos”, párr. 11. 

[4] “Derecho Penal y protesta social”, en Bertoni, Eduardo (compilador), ¿Es legítima la criminalización de la protesta social? Derecho penal y libertad de expresión en América Latina, Universidad de Palermo, Buenos Aires, 2010, p. 49.

Modificado por última vez en Jueves, 26 Enero 2017 16:11
Mayra Ortiz Ocaña

Estudia en la Facultad de Derecho y es asistente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ambos de la UNAM, además de ser co-conductora del programa Observatorio Semanal de TV UNAM e integrante del Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA. Contáctala vía @MayrillaO

3 comentarios

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