Martes, 25 Octubre 2016

¿Estaríamos más seguros si aumenta la portación personal de armas de fuego?

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En los primeros ocho meses de 2016, 14,549 personas fueron víctimas directas de homicidio doloso, hechos por los cuales se iniciaron 13,217 carpetas de investigación ante procuradurías y fiscalías estatales a nivel nacional. Esta cifra de carpetas de investigación representa un aumento de 18.23% respecto del mismo periodo de 2015.

En contraste, las estadísticas disponibles en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública refieren que si se compara el periodo enero-agosto 2015 con el de 2016, disminuyeron el 6.55% la extorsión; 2.20% el robo con violencia; 7.89% el robo a casa habitación; .32% el robo a negocio, y el 12.28% el robo a transeúnte.

Esto podría llevarnos a pensar que la incidencia delictiva realmente está a la baja, las condiciones de seguridad están mejorando y el homicidio es un delito aislado, que no refleja la crisis de violencia que vivimos. Sin embargo, la realidad es muy distinta a estas y otras estadísticas oficiales.

Si bien es real la disminución de algunos delitos, incluso violentos, el aumento de los homicidios, la incidencia delictiva en ámbitos locales y la violencia en la comisión de diversos ilícitos evidencian por qué nos sentimos cada vez más inseguros y calificamos cada vez peor el desempeño de las autoridades. Esto se corrobora con los resultados de las encuestas nacionales de Seguridad Pública Urbana y de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística.

Desde el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) hemos insistido en la necesidad de reformular la estrategia de seguridad, mediante calendarios y compromisos para fortalecer las instituciones locales de seguridad y justicia, estableciendo programas de desarrollo profesional y personal de los servidores públicos, que premien su buen desempeño y apego a la ley; incentivando respeto a la norma entre la ciudadanía, y generando oportunidades de bienestar para las personas dentro de la ley, así como un piso parejo en el acceso a la justicia.

La suma de estas acciones llevaría a esa transformación social requerida para que vivamos en un sólido Estado de derecho, donde se cometan cada vez menos delitos y estos sean perseguidos y sancionados conforme a la ley, con respeto a los derechos humanos.

En el ONC somos conscientes de que esta propuesta requiere de una importante inversión política, económica y humana; de que esta se cristalizaría a mediano y largo plazos, y de que nos exige corresponsabilidad. Pero también de que es el único camino viable para remontar la crisis que atraviesa nuestro país, pese a quienes disienten y promueven el camino de una mayor disponibilidad y portación de armas.

Senador Preciado, más armas solo producirán más violencia. ¿Quiere ser corresponsable de esas muertes? Retire su propuesta y acepte la invitación a discutir cómo mejorar la seguridad con base en análisis objetivos y focalizados

Frente a las preguntas sobre el aumento de la violencia o la percepción de inseguridad, esas voces responden contundentes: «¡Ármese y defiéndase!». Es una suerte de lema de una propuesta un tanto insostenible: Aumentar la posibilidad de que las personas porten armas de fuego para que puedan defenderse de la delincuencia y la violencia.

Podríamos preguntarnos si se trata de una propuesta de acción frente al problema, o más bien de una especie de enunciado capcioso y hasta de mal gusto. Lamentablemente, es una propuesta del senador panista Jorge Luis Preciado, a partir de la cual podemos inferir que se propone claudicar del proceso de fortalecimiento institucional y enviar el mensaje de que ya perdimos, el Estado ya falló y no hay vuelta atrás.

¿Qué implica armar a la ciudadanía? Simplemente volteemos a ver la historia reciente: El surgimiento de autodefensas en Michoacán, que conforman ciudadanos armados, no capacitados y acerca de los cuales ignoramos quiénes son y de qué lado de la ley están.

Intentar una solución a la violación del Estado de derecho fue bastante costoso para que al final se buscara desarmar a aquellos mismos a los cuales se permitió armarse para defenderse; a quienes se les dio una licencia para hacerlo, hoy se les quitan las armas en medio del descontento y una creciente incidencia delictiva. Las consecuencias de esto no se vislumbran todavía y no hemos acabado de pagar el precio como sociedad.

Esta propuesta debe ser descartada y olvidada. La solución no está en poner cada vez más armas en manos de las personas, armas que terminarán por ser instrumentos para cometer delitos, y traerán más prepotencia, violencia social y homicidios.

Senador Preciado, desconozco en qué diagnóstico sustenta su análisis para proponer esto, pero, sin duda, más armas solo producirán más violencia. ¿Quiere ser corresponsable de esas muertes? Si no quiere serlo, retire su propuesta y acepte la invitación del ONC a discutir cómo mejorar la seguridad con base en análisis objetivos y focalizados.

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Modificado por última vez en Miércoles, 27 Septiembre 2017 11:36
Francisco Rivas

Es director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. Contáctelo vía @frarivasCoL

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