Martes, 27 Septiembre 2016

La tortura en México y la lucha por erradicarla

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A nivel internacional, México se caracteriza por la ratificación de tratados y normas, especialmente los relativos a derechos humanos. Sin embargo, existe un mecanismo vinculante para todos los Estados que no requiere de suscripción ni reconoce excepciones: Se le conoce como jus cogens, la norma imperativa del Derecho Internacional, que incluye la tortura y los malos tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, obligando a los Estados a tomar medidas de prevención y erradicación.

No obstante esta obligatoriedad para diseñar políticas de prevención, además de investigar, sancionar y reparar los casos producidos por tortura, en México hay impunidad como regla y no como excepción, lo cual provoca un incentivo para que siga cometiéndose.

Como sucede reiteradamente, la teoría y sobre todo la legislación poseen un marco jurídico que contempla el delito de tortura, pero está lejos de hacerse realidad. Además de la ratificación de convenciones y tratados internacionales y regionales, la Constitución mexicana, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y legislación en todas las entidades federativas, si bien no cumplen plenamente con los estándares internacionales, consideran la tortura como práctica prohibida.

Organismos internacionales y regionales, y organizaciones de la sociedad civil, han hecho numerosos estudios y recomendaciones a México en la materia, entre los que destaca el Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes sobre su visita a México, donde se afirma que en nuestro país la tortura es generalizada.

La tortura se usa generalmente con el fin de extraer declaraciones o información de las personas detenidas, y a pesar de que la ley prevé que una declaración obtenida bajo tortura es inadmisible, existen numerosos casos donde declaraciones mediante esta terrible práctica fueron consideradas válidas

Según un estudio de Amnistía Internacional México, las denuncias ante autoridades federales por este delito se habían duplicado entre 2013 y 2014. Cita datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía según los cuales la tortura y otros malos tratos eran la segunda violación a derechos humanos más denunciada ―después de la detención arbitraria― ante las comisiones estatales de derechos humanos de las 32 entidades federativas (en 2013 fueron 12,000 las quejas por tortura y otros malos tratos: 8,943 presentadas por hombres y 3,618 por mujeres).

La tortura se usa generalmente con el fin de extraer declaraciones o información de las personas detenidas, y a pesar de que la ley prevé que una declaración obtenida bajo tortura es inadmisible, existen numerosos casos de personas privadas de libertad cuyas declaraciones mediante esta terrible práctica fueron consideradas válidas.

En el caso de las mujeres, suele tener un componente adicional de violencia de género, que abarca tortura sexual, insultos misóginos y uso de violencia dirigida a su género u orientación sexual.

En las recomendaciones de diversos organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil al Estado mexicano se repite la de quitar a las fuerzas militares de labores de seguridad pública. Aparte, investigaciones imparciales, reparación integral a las víctimas y sanciones a los y las responsables son medidas de urgente aplicación, buscando que mediante la presión del Derecho Internacional este jus cogens pueda prevenirse y erradicarse por completo.

Consulta también:

Modificado por última vez en Lunes, 22 Enero 2018 17:11
Luz Marcela Villalobos Andrade

Puedes contactarla vía @MarceVillalobs, @OCMXsegura y @ObsNalCiudadano.

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