Martes, 12 Julio 2016

#SalvemoslaCIDH

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El 23 de mayo anterior la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cambió su imagen a colores de alarma y entonces recibimos la noticia de que estaba en una grave crisis financiera, la más grave de los últimos tiempos y que podría provocar el despido del 40% de su personal, cuyos contratos vencen el 31 de julio del 2016. Además, anunció la suspensión de las visitas previstas para este año, así como los Periodos de Sesiones de julio y octubre.

Organizaciones civiles de la región, grupos de víctimas, universidades, figuras públicas y funcionarios de organismos internacionales lanzamos el grito al cielo ante la preocupante noticia. La angustiada reacción obedeció a las gravísimas consecuencias que esto podría tener. El despido del 40% de su personal significaría que la CIDH tendría que funcionar con solo 31 personas, es decir, ¡ni siquiera contaría con un funcionario por Estado miembro!

Esta preocupación aumenta cuando sabemos que «sin crisis» el organismo ya funciona con personal mínimo y gastos raquíticos, aunque su trabajo es inmenso. El mandato que los Estados le han designado es magno frente al presupuesto que se le otorga y, a pesar de ello, ha logrado subsistir durante todos estos años.

Ahora, solo imaginar a la CIDH funcionando con menos del mínimo necesario y condiciones aún más precarias es inadmisible, sobre todo comparado con el papel fundamental que juega para las víctimas de la región.

Si la CIDH radicaliza su protección a las víctimas frente a los Estados violadores de derechos humanos, estos la castigan con el presupuesto

El trasfondo de la crisis de la CIDH está en que su presupuesto proviene de dos fuentes: El fondo regular, que es el 6% del presupuesto anual de la OEA (5 millones de dólares), y el de las contribuciones voluntarias de los Estados parte. Es decir, puesto que no sobrevive con el presupuesto que le designa la OEA, depende de las aportaciones voluntarias. La crisis explotó debido a que a partir de 2016 recibió solo 3 millones de dólares por dichas aportaciones, 1 millón menos que en 2015 y 2 millones menos que en 2014.

La ecuación es sencilla: Si radicaliza su protección a las víctimas frente a los Estados violadores de derechos humanos, estos la castigan con el presupuesto. El caso de México es emblemático. Siendo uno de los aportantes fundamentales, en 2015 y 2016 no aportó, bajo el argumento de que había dado 2 millones de dólares para el GIEI, no obstante que es el país más demandado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Lo que refleja esta crisis se resume en el famoso «No pago para que me peguen» del ex presidente José López-Portillo, y deja interrogantes fundamentales de responder para el desempeño de la CIDH durante los próximos años.

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Modificado por última vez en Martes, 12 Julio 2016 12:03
Julia Álvarez-Icaza Ramírez

Estudia Derecho en la UNAM. Es voluntaria en la organización civil ProDESC y coordinadora fundadora del Mercado Alternativo de Tlalpan. Ha participado en diversos proyectos sobre derechos humanos, entre ellos en la Clínica de Litigio Estratégico Marisela Escobedo, e hizo una pasantía en la CIDH.

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