Martes, 05 Julio 2016

Justicia ciega para las personas indígenas

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Hasta noviembre de 2015 la población indígena en prisión, principalmente en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Ciudad de México, Chihuahua y Guerrero, era de 8,412 personas (286 mujeres y 8,126 varones), de las cuales más de 8,000 compurgaban penas por falta de asistencia de intérpretes-traductores y defensores en sus lenguas, según la CNDH, en su Análisis Situacional de Personas Indígenas en Reclusión, y el más reciente Censo Penitenciario de la CDI.

La Constitución mexicana y la legislación nacional e internacional señalan que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a acceder plenamente al sistema de justicia considerando sus costumbres y siendo asistidos durante el proceso por intérpretes y defensores que conozcan su cultura y lengua ―incluyendo las variantes―. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales como OTIGLI (Organización de Traductores, Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas) y CEPIADET (Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción) han identificado también que existe gran cantidad de personas indígenas privadas de libertad a causa de malas prácticas por parte de autoridades de procuración y administración de justicia.

El no ser asistidas por un defensor o intérprete que conozca su lengua materna y cultura; el desconocimiento de los motivos por los cuales están en prisión, ya que son monolingües o, a pesar de hablar español, no lo comprenden suficientemente; no advertir su origen indígena por temor a ser discriminadas; sufrir tortura y otros tratos crueles, así como ser obligadas por las autoridades a autoinculparse, son apenas algunas de dichas malas prácticas.

Es ilustrativo el caso de Marcelino, en Oaxaca, persona indígena mixteca que lleva siete años privada de libertad tras firmar una hoja en blanco ―que ahora contiene una confesión―, luego de soportar descargas eléctricas en los genitales; o el de Margarita y David, personas indígenas tzotziles de Chiapas, que llevan dos años en prisión por un delito que no cometieron, siendo sometidos igualmente a tortura.

No ser asistidas por un defensor o intérprete que conozca su lengua materna y cultura; ignorar los motivos por los cuales están en prisión; no advertir su origen indígena por temor a ser discriminadas; sufrir tortura y otros tratos crueles, así como ser obligadas por las autoridades a autoinculparse, son apenas algunas de las malas prácticas del sistema de justicia penal contra las personas indígenas

A pesar de que hay esfuerzos gubernamentales para garantizar a las personas indígenas el acceso a la justicia con base en su cultura y lengua, por medio de capacitaciones a defensores e intérpretes, y la excarcelación, entre otros, tales acciones están lejos de cambiar la difícil realidad que esas personas enfrentan durante el proceso penal, debido a que la labor de los intérpretes-traductores es afectada por la carencia de recursos económicos; esto incide directamente en sus salarios, así como en los gastos de traslado. Asimismo, el número de intérpretes y defensores es insuficiente para atender la demanda: según el Padrón de Intérpretes del INALI hay 575 intérpretes, y solo 28 defensores públicos oficiales conocedores de lenguas indígenas, de acuerdo con datos de la CDI.

A propósito de la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio las autoridades han realizado acciones específicas, como capacitaciones y acreditaciones a intérpretes indígenas, y la firma de convenios de colaboración institucionales en el marco del «Nuevo Sistema de Justicia Penal con Visión Intercultural y Multilingüe». Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil afirman que falta mucho por hacer para asegurar el acceso a la justicia de manera pronta, expedita y transparente a las personas indígenas, en virtud de que los funcionarios ministeriales y judiciales aún no están suficientemente preparadas para el sistema oral.

El futuro de la impartición de justicia a las personas indígenas es incierto. Si bien las autoridades sostienen que este nuevo sistema de justicia penal con visión intercultural y multilingüe resolverá los problemas estructurales mencionados, la tendencia apunta a que no habrá cambios en el corto plazo. Queda esperar y «confiar» en el buen actuar institucional, para que casos como los de Marcelino, Margarita y David no se repitan. Por ahora, es indispensable seguir alertas para visibilizar estos asuntos de justicia sin palabras, persistiendo para que en el futuro cercano estas violaciones sistemáticas a derechos humanos se vuelvan cosa del pasado.

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Modificado por última vez en Martes, 21 Noviembre 2017 10:30
Rita Chantal Reyes Medina

Colabora en el área de investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC. Es licenciada en Derecho, con pre-especialidad en Derechos Humanos. Se ha interesado en temas relativos a los derechos de pueblos y comunidades indígenas, económicos, sociales, culturales y ambientales, así como de los animales no humanos.

 

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