Martes, 21 Junio 2016

Certificación de facilitador@s en materia penal, entre los grandes temas pendientes

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El 18 de junio de 2016 culminó la primera etapa de grandes cambios en nuestro sistema jurídico nacional, principalmente en materia penal. Los 32 estados y la Federación se han venido preparando, en la medida de sus posibilidades, para contar con infraestructura, equipamiento, capacitación y recursos humanos suficientes que les permitan afrontar el cambio de paradigma luego de más de 100 años: el sistema de justicia penal acusatorio.

Una figura fundamental es la de las personas facilitadoras en materia penal, aquellas a quienes se atribuye la responsabilidad de aplicar oportunamente procedimientos de mediación, conciliación o juntas restaurativas.

Entre las que operan el sistema penal, son las únicas a las que la legislación les impone un requisito especial: estar certificadas, según la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal (LNMASC) y los Lineamientos para la Capacitación, Evaluación, Certificación y Renovación de la Certificación de las y los Facilitadores de los Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de las Instituciones de Procuración de Justicia en la Federación y las Entidades Federativas, aprobados por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en agosto de 2015 ―si bien esta obligación es para tribunales y procuradurías, en el primer caso es opcional tener personas facilitadoras, mientras que en el segundo no.

Para alcanzar dicha certificación debe cursarse un programa de 180 horas, aprobar controles de confianza, no tener antecedentes penales, y acreditar una evaluación teórica de 100 reactivos y una de habilidades.

Aunque el Artículo Cuarto Transitorio de la LNMASC refiere que «La certificación inicial de Facilitadores a que se refiere la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal deberá concluirse antes del dieciocho de junio de 2016», sin plazos prorrogables ni condiciones especiales, la gran mayoría de las procuradurías y fiscalías no cumplió.

¿Qué sucederá con los actos o acuerdos reparatorios que realicen quienes no tengan certificación? ¿Quién tramitará, en su lugar, los mecanismos alternativos de solución de controversias?

Relacionemos dicho artículo transitorio con el 48 de la propia norma, el cual precisa como requisito para ser facilitador «Acreditar la certificación». Entonces, ¿qué sucederá con los actos o acuerdos reparatorios que realicen quienes no tengan aún esta certificación? ¿Quién tramitará, en su lugar, los mecanismos alternativos de solución de controversias? ¿Deben el ministerio público o el juez de control aprobar acuerdos reparatorios elaborados por quienes carezcan de certificación?

Desde un punto de vista jurídico, consideramos que no. Sin embargo, habrá gran cantidad de acuerdos que podrían no aprobarse por incumplimiento de los requisitos, en perjuicio tanto de personas víctimas como de imputadas. De hecho, desde la entrada en vigor de la LNMASC, en las diversas entidades federativas debió certificarse a quienes facilitan.

La falta de certificación puede causar graves problemas a todo el aparato de justicia penal y, en muchos casos, colapsarlo, dependiendo de las soluciones (ahora precipitadas) que se busquen. Es momento de actuar, evitando prórrogas y tratos especiales, pues la legislación es clara y el plazo fatal.

Las procuradurías de la Ciudad de México, Baja California, Oaxaca, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas cumplieron con la certificación de sus facilitador@s penales oportunamente, ya sea colaborando entre sí o con los poderes judiciales, contratando a consultores para organizar la evaluación de habilidades o firmando convenios de colaboración con organizaciones de la sociedad civil, lo cual les ayudó a dar mayor legitimidad y transparencia a sus respectivos procesos certificadores.

Deseamos que las demás entidades federativas y la misma Procuraduría General de la República tomen el ejemplo y atiendan este asunto urgente, dando prontas soluciones y transparentando sus procesos.

Consulta también:

 

Modificado por última vez en Miércoles, 22 Junio 2016 09:11
Violeta Maltos Rodríguez e Ives Soberón Mejía

Violeta Maltos Rodríguez es consultora en medios alternativos de solución de controversias y justicia restaurativa para instituciones públicas, privadas y organizaciones de cooperación internacional.

Ives Soberón Mejía es conflictólogo, facilitador en mecanismos alternativos de solución de controversias y catedrático de la Universidad La Salle campus Victoria y la Universidad Autónoma de Tamaulipas en materias relacionadas con justicia alternativa.