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Martes, 10 Mayo 2016

La Ley de Autismo

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La Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista prohibía «Denegar la posibilidad de contratación laboral a quienes cuenten con certificados de habilitación [...] que indiquen su aptitud para desempeñar dicha actividad productiva» [Artículo 17]. Y definía que las instituciones del sector salud serían las responsables de expedir dicho certificado.

En otras palabras, contar con este documento era condición indispensable para proteger legalmente a las personas de una arbitrariedad en la contratación laboral.

Pero, ¿por qué una persona con espectro autista requeriría un certificado que nadie más necesita para demostrar que es apta para un trabajo? El subtexto de esta ley es la presunción de que las personas con espectro autista no pueden desempeñarse en un empleo conforme a sus capacidades, méritos y habilidades, salvo que un médico acredite lo contrario: Se presume su ineptitud, su aptitud tiene que probarse.

De esto dio cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 33/2015 —interpuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)—, determinando que los certificados de habilitación son inconstitucionales.

La resolución de la SCJN, sin embargo, es insatisfactoria, pues al mismo tiempo negó la inconstitucionalidad de los artículos de esta ley sobre el reconocimiento de la personalidad y capacidad jurídica de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad.

La CNDH planteaba, acertadamente, que el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDP) supone la prohibición de sustituir la voluntad y preferencias de las personas con discapacidad, y establece un sistema de salvaguardas que aseguren que cualquier medida de apoyo a la toma de decisiones sea respetuosa de los derechos humanos del titular.

En México, la regulación de la capacidad jurídica está lejos de cumplir con lo anterior. La tutela que se establece por medio del juicio de interdicción involucra la representación de las personas, es decir, los intereses y decisiones las controla una persona distinta a su titular.[1] La Ley de Autismo preserva este sistema como forma de «protección» a las personas con discapacidad.

Lo que necesitamos es una política pública y una legislación con énfasis en las barreras sociales que impiden a las personas con discapacidad desenvolverse en condiciones de igualdad

Lamentablemente, la acción de inconstitucionalidad de la CNDH también es un disparo de corto alcance.

La Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, con actores de la sociedad civil organizada y un grupo de personas con discapacidad, iniciaron un litigio contra la Ley de Autismo, del cual recupero algunos argumentos.

Plantearon, en primer lugar, la violación al derecho a la educación inclusiva, debido a que la ley en cuestión contempla el seguimiento a los programas de educación especial de la Ley General de Educación, basados en que las personas con discapacidad se adapten a las escuelas en lugar de que estas se adapten a ellas.

En segundo lugar, la violación al Artículo 4.3 de la CPD, por la falta de consulta a las personas con discapacidad y organizaciones para «la elaboración y aplicación de leyes y políticas para hacer efectiva la Convención». Aunque pareciera una disposición secundaria, un lema del movimiento de personas con discapacidad es «Nada sobre nosotros sin nosotros», por lo que consultarles es vital.

No es viable concebir leyes particulares, serían infinitas como el número de personas con discapacidad. La CPD no hace distinción alguna entre discapacidades, sencillamente porque un diagnóstico médico es insuficiente para contextualizar las necesidades de cada persona y el sistema de apoyos que requiere.

Que no se permita el engaño, leyes como esta violan derechos humanos en vez de protegerlos. Lo que necesitamos es una política pública y una legislación con énfasis en las barreras sociales que impiden a las personas con discapacidad desenvolverse en condiciones de igualdad; que les apoye en su lucha cotidiana, y nos implique a tod@s en la tarea de combatir los estigmas, la discriminación y la exclusión social.


[1] La sentencia en el caso de Ricardo Adaír lo sintetiza con precisión: “El juez (...) decidirá qué cosas puedes hacer solo y en qué cosas vas a necesitar que alguien te ayude” (SCJN, Primera Sala, Amparo en Revisión 159/2013, p. 2).

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Modificado por última vez en Lunes, 15 Agosto 2016 11:50

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