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Martes, 15 Marzo 2016

¿Es necesaria orden judicial para revisar un celular?

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En Estados Unidos, la Suprema Corte resolvió que la policía necesita orden judicial para revisar el teléfono móvil encontrado a la persona detenida. Su razonamiento se centra en el derecho a la privacidad: considera que el celular juega un papel muy importante en la cultura contemporánea, siendo una extensión de la privacidad de las personas, por lo cual, de igual manera que se requiere autorización para catear un domicilio, posesiones y comunicaciones personales, lo mismo vale para dicho dispositivo electrónico.

Así, cuando un policía detiene a una persona y esta lleva consigo un teléfono móvil, la seguridad personal no corre riesgo al asegurar el dispositivo y solicitar la orden respectiva, que ha de otorgarse de manera rápida, permitiéndole entonces hacer la revisión. Tampoco se corre el riesgo de que la información que contiene pueda destruirse, dado que está almacenada.

En México, el Derecho y los tribunales están enfrentando el mismo dilema. ¿Cómo debería considerar nuestro sistema de justicia penal a los dispositivos electrónicos? La respuesta debe atender al uso cultural y tecnológico de celulares, tabletas y otros dispositivos móviles, que, como decidieron en Estados Unidos, son una extensión de la privacidad. Entonces, para revisarlos ha de ser indispensable autorización judicial, como lo prevé el artículo 16 constitucional.

El asunto está en cómo se regulará en el Código Nacional de Procedimientos Penales qué información puede revisarse y quién debe otorgar la orden. Una postura sostiene que debe ser un juez federal, al tratarse de una intervención de comunicaciones. Sin embargo, existe otra que considera al celular como un objeto de uso cotidiano y privado, por lo cual será un juez de control local quien estará facultado para autorizar dicha revisión ―que incluiría el registro de llamadas, el directorio telefónico y el carrete de fotografías.

Esta segunda postura dice que si la autoridad necesita revisar otras partes del celular que impliquen interferir comunicaciones personales, entonces ya se requeriría la intervención de un juez federal. Para lo anterior, convendría determinar si las redes sociales (Facebook, Twitter…), aplicaciones como Whatsapp o chats, y cuentas de correo electrónico son o no comunicaciones personales cuando la información ya fue trasmitida y recibida, y la persona dueña del móvil decidió no borrarla.

Uno de los mayores riesgos es que se permita que un celular sin dueño pueda ser revisado sin orden judicial, en cuyo caso las complicaciones y riesgos derivados de la invasión a la privacidad, así como del uso perverso de la información, serán incalculables

Considero que debería definirse la intención cultural y tecnológica de estas modalidades, que son de comunicación y no de almacenamiento, como los archivos y carretes de fotografías.

Ahora bien, ¿cómo debe actuarse cuando se encuentra un teléfono celular en una vivienda donde se ha autorizado un cateo? Bajo las consideraciones ya expuestas, la autoridad ejecutora tendría que asegurar el dispositivo con el cuidado que la ley establece, para enseguida solicitar la orden de revisión correspondiente ―y lo mismo valdría en los casos en los cuales se encuentre un celular sin dueño o cualquier persona lo entregue al Ministerio Público bajo la sospecha de que contiene información incriminatoria (fotografías, videos…).

Ahora que la Cámara de Diputados analiza la miscelánea penal que el Senado le envió en diciembre de 2014, es importante considerar los puntos expuestos, sobre todo porque uno de los artículos se refiere a este tema en particular.

Uno de los mayores riesgos es que se permita que un celular sin dueño pueda ser revisado sin orden judicial, en cuyo caso las complicaciones y riesgos derivados de la invasión a la privacidad, así como de uso perverso de la información, serán incalculables en comparación con el tiempo que le tomaría al Ministerio Público solicitar la orden judicial.

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Modificado por última vez en Lunes, 09 Mayo 2016 12:00

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