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Martes, 10 Noviembre 2015

México, en la dirección (in)correcta

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«Las fuerzas armadas son evaluadas como las instituciones que cuentan con la mayor confianza ciudadana. Casi el 70% considera que son profundamente respetuosas de los derechos humanos. México va en la dirección correcta», aseguró el embajador Ruiz Cabañas ante de la CIDH. Sin embargo, según el informe Fuera de control, tortura y otros malos tratos en México (2014), de Amnistía Internacional, el 64% de l@s mexican@s declaró temer tortura en caso de ser puest@s bajo custodia de fuerzas militares en acciones de seguridad pública 

Durante el periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en octubre, el Estado mexicano fue llamado por diversas organizaciones de la sociedad civil a la audiencia temática «Derechos Humanos y política de drogas en México», para responder  una serie de acusaciones sobre violaciones a derechos humanos en el combate contra anti-drogas realizado por las fuerzas armadas, así como por su política prohibicionista y punitiva.

Considerando que la construcción de la política pública sobre drogas ilegales tiene dos facetas: 1) Intervención, prevención y control, y 2) salud pública, tratamiento y rehabilitación, cabe preguntarse si realmente existe una política en México y, en ese caso, si va en la dirección correcta o está siendo confundida con una política criminal.

El Estado mexicano asegura que en este caso busca privilegiar los derechos humanos desde un enfoque preventivo y de salud pública; sin embargo, existen a nivel nacional solo 43 centros públicos con internamiento (Cenadic, 2013), para alrededor de 550,000 personas con dependencia de drogas (ENA).

Destacando como política de prevención el Esfuerzo Nacional Frente a las Adicciones, este «ejército de la prevención» está compuesto por las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y de Salud, demostrando cómo nuevamente se extienden las tareas de las fuerzas armadas ya no solo a seguridad pública, sino también al sector salud.

La intervención de las fuerzas armadas como auxiliares de las autoridades civiles en tanto se fortalecen los cuerpos de seguridad pública ha dejado como resultado, de 2006 a 2014, 4,055 denuncias ante la Procuraduría General de la República por tortura, de las cuales solo han sido investigados 1,884 casos, según el último informe del Relator Especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

¿Realmente existe una política antidrogas en México y, en ese caso, va en la dirección correcta, o está siendo confundida con una política criminal?

El Estado asegura que su política es mucho más que la persecución de delitos relacionados con producción, tráfico o venta de drogas ilícitas. Pero en Yucatán, por ejemplo, según estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública, de 1,108 arrestos efectuados de enero a julio de 2015, 567 fueron por posesión de droga y 26 por compra-venta, lo cual significa que más del 50 por ciento del esfuerzo policial se enfocó en la persecución de delitos relacionados con drogas. A su vez, hasta 2012, a nivel Federal el 57.43 por ciento de la población privada de libertad era acusada por delitos contra la salud.

Si bien el consumo de drogas no está penalizado en México, la posesión sí. Es cierto que la Ley General de Salud establece dosis máximas de posesión para consumo personal, pero esto trae otra problemática en donde los consumidores son susceptibles de ser detenidos para constatar si se trata, en efecto, de montos para consumo estrictamente personal y, dada la realidad de las instituciones penales latinoamericanas, también de ser extorsionados y violentados por los operadores del sistema de justicia penal (CEDD 2015).

Según el estudio El Estado frente al consumo y los consumidores de drogas ilícitas en México, de 2009-2013 fueron detenidas en el país 140,860 personas por consumo de drogas y emitidos casi 90,000 no ejercicios de la acción penal: aunque este último número indica que dichas personas no fueron sancionadas penalmente, muestra también que en un lapso menor a cuatro años se inició un proceso penal contra casi 100,000.

Existe sin duda una problemática en el asunto de las drogas que abarca varios aspectos pero es imposible abordarla implementando medidas y acciones en otras políticas públicas, y no mediante una política pública de drogas propiamente dicha, aparte de que se habla de una política de drogas centrándose solamente en su persecución y combate.

Al final corremos el riesgo de alimentar la creencia errónea de que una política pública de drogas no puede ser empática ni con la seguridad de los ciudadanos ni con el respeto a los derechos humanos, los cuales no solo deben ser vistos como límite al poder del Estado, sino también como medio eficaz para contribuir con la consolidación de una política pública de drogas protectora y respetuosa, con menos costos para la sociedad civil.

Consulta también:

Modificado por última vez en Miércoles, 18 Mayo 2016 12:53

2 comentarios

  • Enlace al Comentario JanleT Lunes, 06 Abril 2020 15:03 publicado por JanleT

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  • Enlace al Comentario Carmon Sábado, 04 Abril 2020 05:46 publicado por Carmon

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