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Martes, 22 Septiembre 2015

¿Nueva justicia para las mujeres y niñas?

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La justicia penal en Oaxaca, a pesar de la implementación del nuevo sistema de justicia oral, acusatorio y contradictorio, y de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que reconoce todos los derechos consagrados en los tratados internacionales firmados por México, no logra mejorar la protección de los derechos de las mujeres y las niñas, ni garantizar su acceso a la justicia.

Tratándose del acceso a la justicia para ellas existen dos problemas mayores a los cuales es importante dar atención, no solo para corregir las fallas en los procesos que ya están implementándose, sino para prevenir desde ahora los errores en los estados donde la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal está en su fase inicial.

En primer lugar, ubicamos deficiencias en la tipificación de los delitos y su sanción. Esta fase corresponde al ministerio público, aunque el juez puede recalificar el delito si considera que hay elementos que no fueron adecuadamente valorados por aquel. Es un poder importante para corregir la acusación del ministerio público y visibilizar aspectos que, por la falta de perspectiva de género, no valoró correctamente, como el contexto de desigualdad en las relaciones de poder entre el agresor y su víctima (índices de agresiones anteriores, señales de violencia sexual…).

Sin embargo, en ninguna de las sentencias analizadas por Fundar el juez ha recalificado el delito o tomado en cuenta el contexto de violencia contra las mujeres para determinar la sanción. Esta determinación, en el procedimiento abreviado, es resultado de la aplicación de una fórmula matemática que no deja margen para valorar el contexto específico del delito y consiste, de manera automática, en la disminución de un tercio de la pena.

En segundo lugar, existe una mala comprensión de la reparación del daño. Dentro del paradigma del nuevo sistema de justicia penal, basado más en la restauración que en el castigo, la reparación tendría que ser el contrapeso fuerte a la disminución de la pena. Pero no está sucediendo.

Los jueces no están poniéndose a la altura de las posibilidades que sus funciones les permiten para que sus sentencias trasciendan a la esfera de políticas públicas

Aunque formalmente los jueces no pueden absolver a la persona imputada de la reparación del daño, ni los agentes del ministerio público no solicitarla, esta es muy insuficiente en la práctica judicial, ya que se limita al pago de las terapias y no toma en cuenta el daño moral ni mucho menos medidas de no repetición.

Para casos de violencia contra las mujeres en donde la criminalización tiene efectos reducidos y la prevención social es central, los jueces no están poniéndose a la altura de las posibilidades que sus funciones les permiten para que sus sentencias trasciendan a la esfera de políticas públicas.

Una mejor justicia no significa penas más fuertes, ya que hay serias dudas sobre el sentido del castigo para la reinserción social de las personas sentenciadas a prisión. Pero, ¿a quién beneficia el nuevo sistema de justicia penal si los agresores obtienen penas reducidas gracias al procedimiento abreviado y las víctimas no obtienen una reparación adecuada del daño que sufrieron? ¿A quién beneficia el nuevo sistema de justicia penal si los actores del sistema hacen un uso tan formal y limitado de sus competencias?

El nuevo sistema de justicia penal apenas está aplicándose en todo el territorio y muestra ya que la forma en que está haciéndose no garantiza el acceso a la justicia de las mujeres: la tendencia es sacar los asuntos más rápido, reproduciendo las viejas prácticas del formalismo que no benefician los derechos de las víctimas, mucho menos cuando son mujeres y niñas.

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Modificado por última vez en Martes, 19 Julio 2016 11:46

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