Martes, 08 Septiembre 2015

Hacia la defensa penal efectiva en América Latina

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En el marco de los cambios profundos de los sistemas de justicia penal latinoamericanos apareció el nuevo estudio Defensa penal efectiva en América Latina, primer esfuerzo hacia la mejoría de los estándares en la materia, que examina y evalúa el acceso a la defensa penal efectiva en Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, México y Perú.

portada defensapenalefectivaParticiparon en la investigación ocho organizaciones de la sociedad civil de esos países y los expertos Alberto Binder, Ed Cape y Zaza Namoradze aportaron el análisis de los estándares universales y regionales, y los hallazgos, recomendaciones y conclusiones.

En cuanto al desarrollo de la defensa penal a nivel regional, el documento advierte que si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha emitido fallos sobre normas básicas de la Convención Americana referentes a los derechos relacionados con la defensa penal efectiva, «no ha avanzado en mucho más», lo cual obedece a dos razones principales:   1) Dicha Corte trata principalmente causas con violaciones severas y obvias a los derechos de personas imputadas, y 2) la mayoría de estos casos tiene que ver con personas sujetas a «regímenes excepcionales» o a pena de muerte.

No obstante, los instrumentos y organismos internacionales, el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte IDH permiten identificar «un conjunto de principios y reglas concretas» en la materia que constituyen una buena base. Y el informe incluye igualmente un resumen del desarrollo de la defensa penal efectiva en Europa, en virtud de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos posee una importante jurisprudencia extensiva.

En materia de defensa penal efectiva hay una brecha entre ideal y realidad que se evidencia en la práctica, la cual deja mucho que desear

En cuanto al grado de cumplimiento de los derechos y garantías identificados, Defensa penal efectiva en América Latina constata que en su mayoría las nuevas leyes procesales de los países estudiados se apegan a los estándares universales y regionales, pero hay una brecha entre ideal y realidad que se evidencia en la práctica, la cual deja mucho que desear.

Al respecto, algunas de los aspectos comunes identificados por Binder, Cape y Namoradze son la elusión de derechos procesales; el abuso de la «prisión preventiva»; el tiempo, los medios y la  información inadecuados para considerar la evidencia y preparar la defensa; la falta de acceso a representación y asesoría jurídica competente e independiente, y la precaria calidad y cultura de los profesionales del Derecho.

Sin embargo, enfatizan en que estos retos pueden ser atendidos. Como una primera aportación, puntualizan elementos básicos de 20 derechos esenciales para garantizar una defensa penal técnica y adecuada, haciendo una serie de sugerencias basadas en hallazgos de las investigaciones nacionales.

Los expertos concluyen que el principal desafío para la mejoría de la defensa penal efectiva es «desarrollar instituciones de justicia penal que sean responsables democráticamente ante la sociedad, y procesos efectivos, justos y equitativos, y que cumplan estándares aceptables».

Se espera que Defensa penal efectiva en América Latina enriquezca el diálogo sobre los derechos de las personas necesitadas de defensa penal en nuestra región.

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Modificado por última vez en Lunes, 04 Julio 2016 10:19
Philippa Ross

Es licenciada en Derecho (con mención honorífica) y en Ciencias Sociales por la Universidad de Monash (Australia), además de realizar una estancia de intercambio académico en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cursa la Maestría en Derecho con especialización en derechos humanos en la Universidad Nacional de Australia. Se desempeña como investigadora asociada del Instituto de Justicia Procesal Penal.

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