Martes, 02 Junio 2015

Democratizar el lenguaje de la justicia*

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El uso del lenguaje democrático está vinculado a la justicia social: si las personas no tienen acceso a la información tampoco lo tienen a las oportunidades de desarrollo, lo que incluye los servicios de salud, educación y procuración y administración de justicia.

Cómo conseguir que el lenguaje legal utilizado en las dependencias gubernamentales, administrativas y de justicia sea fácil de comprender es una preocupación que se ha manifestado en distintos ámbitos y países desde el siglo XX. Docentes e investigadores como Rudolf Flesch buscaron mejorar el acceso a la información de las personas con menores niveles de escolaridad identificando qué tan fácilmente se lee un texto.

Flesch desarrolló una prueba conocida como FRES (por las siglas en inglés de Flesch Reading Ease Score), cuya puntuación va del 0 al 100 y mientras más alto es el puntaje más sencillo resulta leer dicho texto.

A partir de esta prueba, la sentencia del amparo en revisión 159/2013, correspondiente al caso de Ricardo Adair y la primera a la que se le dio un formato de lectura fácil en México, tiene un puntaje de 9.15, lo que la pondría en un nivel de comprensión adecuado para una persona con formación universitaria. La sola parte de la sentencia escrita en formato de lectura fácil, equivalente a 294 palabras, alcanza un puntaje de 47.73.

Al replantear un texto legal o la forma de debatir en una audiencia debemos repensar el contenido, la estructura, qué y a quién queremos comunicárselo

Esto significa que, a pesar de que se utiliza un lenguaje considerablemente más sencillo para explicar a Ricardo Adair la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre su caso, el texto aún resulta muy difícil de leer. Un texto idealmente debe tener una puntuación de 60 a 70 en la prueba FRES para ser considerado fácilmente comprensible.

De la misma forma en que no basta con tutear a una persona en una sentencia para que pueda considerarse que se está utilizando un lenguaje democrático, al replantear un texto legal o la forma de debatir en una audiencia debemos repensar el contenido, la estructura, qué y a quién queremos comunicárselo.

El lenguaje democrático va un poco más allá del lenguaje ciudadano —que aboga por simplificar documentos oficiales y legales utilizando palabras familiares para los usuarios y explicaciones suficientes para mejorar la comprensión—, y procura también visibilizar y proteger a personas y sectores en situación de vulnerabilidad, en razón de género, pertenencia a un grupo indígena o preferencia sexual, entre otros aspectos.

Más allá de disminuir la oscuridad de los textos legales y encarar los retos que imponen las fórmulas y el ritualismo para la fiscalización ciudadana de los procesos y decisiones de las autoridades, el uso de un lenguaje democrático no solo es sustituir palabras y evitar tecnicismos, se refiere a una forma distinta de ver y entender el derecho, es un cambio de cultura.

*Extracto del libro Qué dice y cómo dice la justicia penal, de Carlos Enrique Núñez Núñez y Ruth Zenteno, en prensa.

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Modificado por última vez en Martes, 28 Junio 2016 11:06
Ruth Zenteno

Es abogada por la Escuela Libre de Derecho y candidata a la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos del CIDE. Se desempeña como investigadora asociada del Instituto de Justicia Procesal Penal. Es autora de reportajes, entrevistas y artículos como periodista judicial, además de la entrada «Juicios en línea» para la Obra Jurídica Enciclopédica, que conmemora el centenario de la Escuela Libre de Derecho, y participó en Periodismo, recurso social para la paz (FES, 2011).

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