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Martes, 26 Mayo 2015

La rendición de cuentas en nuestras prisiones

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La rendición de cuentas y el Estado de Derecho adquieren particular importancia en el contexto penitenciario. Las normas internacionales de derechos humanos hacen hincapié en la necesidad de monitoreo independiente, registros adecuados y procedimientos justos en las decisiones que afectan los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad —incluidos los de las familias en caso de visitas y transferencias—, así como de justicia procedimental durante las audiencias disciplinarias.

Se tiene bien establecido que procedimientos justos aumentan la legitimidad y el buen orden en los centros penitenciarios, y que el papel del personal en tales procesos es esencial. Como ha sostenido la Asociación para la Prevención de la Tortura sobre el Protocolo Facultativo del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, «la premisa básica es que mientras más abiertos y transparentes sean los lugares de detención, menor será el riesgo de abuso».

El Estado de Derecho se mantiene a través de la claridad en los reglamentos penitenciarios y su aplicación homogénea, procedimientos justos y la posibilidad de un recurso de apelación, y el respeto a los derechos. Estos principios son determinantes en los lugares donde el poder del Estado tiene más potencia.

Las prisiones son sitios de poder, mismo que desemboca en una variedad de formas cruciales: el poder del Estado se ejerce con la imposición de la pena y fluye a través de las relaciones entre el personal y las personas presas hasta las familias de ellas; entre las propias personas bajo reclusión; entre los órganos de supervisión, el personal y dichas personas, y entre los diversos niveles del personal.

Al mismo tiempo son instituciones eminentemente determinadas por reglas, pues están sujetas a regulación local y nacional, instrumentos jurídicos, normas de derechos humanos regionales y obligaciones internacionales; todas estas actúan como controles al poder ilimitado, regulan las condiciones internas, las formas de sanción disciplinaria y el contacto con el mundo exterior, y son cruciales para lograr regímenes penales legítimos, como lo han demostrado Ben Crewe, Alison Liebling  y Sparks y Bottoms.

Dos componentes esenciales del Estado de Derecho en las prisiones son los mecanismos de queja para las personas privadas de libertad, los cuales deben ser independientes de la persona u órgano que tome las decisiones acerca de ellas, y los mecanismos sistemáticos y habituales de inspección y monitoreo.

La rendición de cuentas de las prisiones es fundamental para su funcionamiento seguro y la reivindicación de los derechos de quienes residen en ellas

Las Reglas Penitenciarias Europeas enfatizan en la relevancia de los mecanismos de respuesta a dichas quejas y la posibilidad de un proceso de apelación independiente, mientras que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura ha señalado que «procedimientos eficaces de queja e inspección son garantías fundamentales contra los malos tratos en las prisiones» (2º Informe General).

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha establecido los elementos básicos de cumplir cualquier investigación sobre la muerte de una persona en prisión: para reivindicar la figura procesal del Artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prevé el derecho a la vida, la investigación debe ser promovida por el Estado, establecer la responsabilidad, involucrar a la familia afectada, y ser independiente y rápida. El propio Tribunal ha destacado la importancia de investigaciones efectivas ante denuncias de tortura (Véase, por ejemplo, Makhashevy v Rusia). Estos principios trascienden las fronteras nacionales.

La claridad y la certeza jurídica también son requisitos esenciales de un sistema que se rige por el Estado de Derecho. El tipo de comportamiento que dará lugar a una sanción disciplinaria debe quedar claro a las personas privadas de libertad, lo mismo que las circunstancias en que puede negársele una visita, aparte de basarse en una ley accesible. En Moiseyev v Rusia el Tribunal mencionado sostuvo que, en tanto se afectan derechos fundamentales, contravendría el Estado de Derecho que las limitaciones a esos derechos estuvieran sujetas una facultad discrecional absoluta (Rogan, 2014).

Finalmente, la rendición de cuentas de las prisiones es fundamental para su funcionamiento seguro y la reivindicación de los derechos de quienes residen en ellas. Y, en todo caso,  es importante que aprendamos más sobre la opinión tanto de estas últimas como del personal penitenciario sobre los mecanismos de rendición de cuentas.

Versión en inglés disponible en PDF

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Modificado por última vez en Viernes, 20 Mayo 2016 12:43

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